Decreto de emergencia: Bogotá cederá parte de su sobretasa al diésel para zonas afectadas por terremoto

Al contar con menos recursos, la ciudad podría reprogramar inversiones, reducir nuevas asignaciones o incluso sustituir financiación.

El gobierno de Abelardo de la Espriella promulgó 11 decretos para atender la emergencia económica y social en los departamentos afectados por el terremoto. Uno de ellos es el 1382 de 2026, en el cual habría una redistribución de la sobretasa del ACPM o diésel en Colombia. Esta iniciativa estará vigente entre octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, es decir, 15 meses, y significará que Bogotá tendrá menores ingresos disponibles por esta fuente. Para analistas consultados, de cada $100 recaudados en Bogotá por sobretasa al ACPM, $25 se destinarán a las regiones afectadas por el terremoto.

La medida no aumenta por sí misma el precio del galón de diésel. Sino que modifica temporalmente la distribución de la sobretasa al ACPM para concentrar recursos en la atención de la emergencia. Los departamentos incluidos en la declaratoria recibirán la totalidad de la sobretasa causada por el consumo en sus territorios y deberán destinarla exclusivamente a gastos o proyectos en municipios afectados por el terremoto. Bogotá y los departamentos de categorías especial, primera y segunda, no incluidos en la emergencia, cederán parte de su participación.

El economista y experto en el sector energético, Iván Arroyave, explicó que Bogotá tendría que trasladar la mitad de la participación que ordinariamente le corresponde. Esto equivale a 25 % de la sobretasa total causada en la ciudad o a 50 % del ingreso que recibe el Distrito por esa participación. La redistribución sería entre octubre de 2026 y diciembre de 2027. Según Arroyave, esta reducción temporal de ingresos podría exigir que Bogotá busque otras fuentes de financiación, reduzca nuevas asignaciones o reprograme inversiones.

Sin embargo, el decreto dispone que la redistribución debe respetar los compromisos presupuestales y contractuales antes de su entrada en vigencia. Según el economista, esa protección no permite asegurar que ningún proyecto se verá afectado. Agregó que, para establecer las consecuencias sobre obras concretas, es necesario revisar cuáles compromisos están protegidos y cómo se aplicará esa salvaguarda.

Sobre el monto del traslado, Arroyave señaló: “el Ministerio de Hacienda debería publicar la estimación nacional desagregada por territorio, y la Secretaría Distrital de Hacienda precisar el impacto para Bogotá. Los cálculos deben incorporar el recaudo proyectado durante 15 meses de aplicación y el tratamiento de los compromisos protegidos”.

Aun así, a manera de ejemplo, por cada $100.000 millones de sobretasa total causada en Bogotá durante el período de aplicación, $25.000 millones corresponderían al traslado previsto, antes de considerar la salvaguarda de los compromisos existentes. El analista aclaró que este ejemplo es ilustrativo, pero no constituye una proyección del recaudo y tampoco del monto que efectivamente aportará la ciudad.

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