El abismo energético: la industria frente al espejismo de la transición

Por PhD Mario Fernando Zamora Santacruz

El panorama energético de Colombia al cierre de 2025 se define por una contradicción estructural que la industria manufacturera observa con una mezcla de frustración y alarma. Mientras el Departamento Administrativo Nacional de Estadística reporta un crecimiento del PIB cercano al 2,6%, impulsado principalmente por el sector servicios y el gasto público, los cimientos de la producción real se están resquebrajando debido a una crisis de suministro de gas natural sin precedentes.

Para el sector industrial, el gas no es una variable política ni un lujo ambiental, sino la sangre que corre por las venas de la siderurgia, la química y la producción de alimentos. No obstante, la realidad técnica indica que la producción nacional ha caído un 19,9% en lo corrido del año, una cifra que refleja el agotamiento de los campos maduros y la ausencia de nuevos hallazgos que reemplacen el declive de las reservas.

La postura del Gobierno de Gustavo Petro, centrada en el cierre de la frontera exploratoria bajo la bandera de una transición energética acelerada, está empujando al país hacia un abismo de costos. Al prohibir la firma de nuevos contratos de exploración, la administración no está eliminando el consumo de hidrocarburos, sino que está transfiriendo la riqueza nacional hacia el exterior mediante la importación forzada de gas licuado.

Para la industria, esta decisión es un golpe directo a la línea de flotación de su competitividad, ya que el gas importado puede ser hasta tres veces más costoso que el gas producido localmente. Este incremento no es absorbible por las empresas y terminará trasladándose inevitablemente al consumidor final o, en el peor de los casos, resultará en el cierre de plantas que ya no encuentran rentable operar en suelo colombiano.

Ecopetrol, en medio de este escenario, ha dejado de actuar como la entidad técnica de vanguardia para convertirse en un gestor de la escasez bajo una dirección alineada con la narrativa estatal. El reciente proceso comercial lanzado para el gas en Coveñas, que entrará en vigor en febrero de 2026, es un ejemplo de cómo se intenta administrar un déficit ya innegable. Aunque la compañía estatal promueve estos contratos como una prioridad al gas nacional, la industria percibe una estrategia de racionamiento encubierto.

Los contratos ofrecidos carecen de la firmeza y los plazos que requiere una inversión industrial seria; son, en esencia, acuerdos de corto plazo que no garantizan el suministro ante una contingencia climática o un aumento de la demanda eléctrica. Además, indexar el precio de estas moléculas a indicadores internacionales de importación castiga injustamente al productor local, quien termina pagando un sobreprecio por un recurso que se encuentra en el subsuelo propio.

Desde la perspectiva puramente gremial e industrial, la solución no radica en comunicados de prensa ni en subastas parciales, sino en un cambio radical de la política hidrocarburífera. La industria exige que se dejen de lado los sesgos ideológicos y se retorne a una política de exploración agresiva en tierra firme, donde los tiempos de ejecución son mucho menores que en los proyectos de aguas profundas como Sirius o Uchuva.

Es imperativo que la Agencia Nacional de Hidrocarburos retome las rondas de licitación y que se brinden garantías jurídicas para que los contratos existentes no sean obstaculizados por trámites ambientales interminables o consultas previas viciadas. Un país que renuncia a explorar su propio subsuelo bajo la premisa de salvar el planeta, mientras sus vecinos aumentan la producción y les venden el recurso a precios exorbitantes, no está siendo ambientalista, está siendo económicamente negligente.

La soberanía energética de Colombia se encuentra hoy en custodia de decisiones administrativas que parecen ignorar la aritmética básica de la producción. Un crecimiento del PIB sin respaldo energético es un crecimiento ficticio que se desvanecerá ante la primera crisis de suministro. Ecopetrol debe recuperar su autonomía frente al ejecutivo y centrar sus esfuerzos en garantizar el flujo de gas a precios competitivos para la industria nacional, entendiendo que su misión principal es asegurar la viabilidad económica del país.

Si no se firman nuevos contratos y no se acelera la infraestructura de transporte desde el Caribe hacia el interior, el sector manufacturero se enfrentará a un escenario de desindustrialización irreversible. La energía barata fue durante décadas la gran ventaja comparativa de Colombia; hoy, esa ventaja está siendo sacrificada en el altar de la ideología política, dejando a la industria al borde de un apagón productivo.

La postura del Gobierno de Gustavo Petro, centrada en el cierre de la frontera exploratoria bajo la bandera de una transición energética acelerada, está empujando al país hacia un abismo de costos. Al prohibir la firma de nuevos contratos de exploración, la administración no está eliminando el consumo de hidrocarburos, sino que está transfiriendo la riqueza nacional hacia el exterior mediante la importación forzada de gas licuado.

Para la industria, esta decisión es un golpe directo a la línea de flotación de su competitividad, ya que el gas importado puede ser hasta tres veces más costoso que el gas producido localmente. Este incremento no es absorbible por las empresas y terminará trasladándose inevitablemente al consumidor final o, en el peor de los casos, resultará en el cierre de plantas que ya no encuentran rentable operar en suelo colombiano.

Es necesario comprender que la industria no es una enemiga de la naturaleza, sino la base de la civilización moderna y el sustento de millones de hogares colombianos. La industria petrolera y de gas ha demostrado ser, durante décadas, la columna vertebral que permite la existencia de todas las demás cadenas productivas, proporcionando no solo la energía necesaria, sino también los recursos fiscales para la inversión social.

Apostar por el debilitamiento de este sector es, en última instancia, apostar por un país más pobre y menos competitivo. Es momento de que la política pública se reconcilie con la realidad técnica y económica: el progreso de Colombia no se construye con promesas de aire, sino con la solidez de una industria energética que produzca, explore y garantice que el futuro nacional sea de crecimiento y no de racionamiento.

Etiquetas