El desafío de la autonomía: ¿podrá Colombia encender su propio futuro?

Por PhD Mario Fernando Zamora Santacruz

Colombia se encuentra hoy frente a un espejo que refleja una realidad ineludible: la era de la energía abundante y barata está bajo amenaza. Por años, el país se jactó de una autosuficiencia que parecía inamovible, pero la declinación de los pozos actuales ha puesto al sistema contra las cuerdas.

La narrativa de la soberanía energética ha comenzado a transformarse. Lo que antes era un orgullo nacional, hoy es una carrera contra el tiempo para evitar que los hogares y las industrias sufran las consecuencias de un déficit que los expertos ya sitúan en el horizonte cercano de finales de 2026.

Ante este panorama, la decisión de Ecopetrol de avanzar en una alianza con Frontera Energy para establecer un nuevo nodo de regasificación en Puerto Bahía no es un capricho, sino una medida de supervivencia. Es el reconocimiento oficial de que la producción nacional ya no es suficiente para cubrir la demanda interna.

Este proyecto en Cartagena, sumado a la infraestructura que ya opera SPEC, convierte al Caribe en la válvula de oxígeno del país. Sin embargo, depender del gas importado es una medicina con efectos secundarios: nos somete a los precios internacionales y a la volatilidad de la geopolítica global.

Mientras esto ocurre, surge una pregunta incómoda: ¿por qué importar lo que tenemos bajo nuestros pies? Aquí es donde el debate sobre el fracking y los yacimientos no convencionales cobra una relevancia vital, especialmente en zonas como la cuenca Cesar-Ranchería.

La desinformación ha sido el principal obstáculo para un diálogo honesto sobre esta técnica. A menudo, el debate se reduce a consignas emocionales que ignoran los avances tecnológicos en la protección de mantos acuíferos y la gestión de riesgos sísmicos que empresas como Drummond Energy proponen implementar.

Es imperativo que la sociedad colombiana entienda que el conocimiento técnico no es un enemigo del medio ambiente. Por el contrario, es la única herramienta que permite extraer recursos de manera responsable para financiar la transición hacia energías más limpias sin arruinar la economía en el proceso.

El fracking, ejecutado con rigor científico, podría multiplicar nuestras reservas de gas de manera exponencial. Ignorar esta posibilidad por miedos infundados es condenar al país a una pobreza energética evitable, donde el costo del servicio superará la capacidad de pago de las familias más vulnerables.

La ciencia debe primar sobre el discurso político si realmente queremos que la energía llegue a cada rincón de Colombia. Cerrar la puerta a técnicas modernas por prejuicios o datos desactualizados es una decisión que el país pagará caro en las facturas de gas y electricidad de los próximos años.

En el reciente Congreso de Naturgas 2026, voces como la de Carlos Machado de Maurel & Prom recordaron que Colombia es un paraíso de recursos. Tenemos sol, viento, agua, calor geotérmico e hidrocarburos; el problema no es la falta de energía, sino la falta de voluntad para extraerla.

Una política social energética no consiste solo en poner cables y tubos; consiste en asegurar que lo que fluye por ellos sea asequible. Si el gas es importado y caro, los esfuerzos por la equidad social se verán truncados por una realidad económica insostenible.

La verdadera "nueva narrativa" del sector debe ser la de la integración y el respeto por la evidencia. No se trata de elegir entre medio ambiente o petróleo, sino de usar la riqueza del subsuelo para pavimentar el camino hacia un futuro sostenible, educando a la población y alejándola de los mitos.

Colombia tiene el potencial para ser una potencia energética regional, pero el tiempo se agota. El país debe decidir si prefiere ser un observador pasivo que compra energía afuera, o un actor audaz que aprovecha su geología con rigor científico para garantizar el bienestar de sus ciudadanos.

 

Etiquetas