El dilema de Canacol Energy: Ajuste de mercado o encarecimiento del motor productivo

Por PhD Mario Fernando Zamora Santacruz

El deterioro operativo de Canacol Energy terminó por desbalancear el modelo de negocio de uno de los principales productores de gas natural en Colombia.

Durante años, la empresa canadiense fue un pilar clave para el suministro de energía en la costa Caribe y en el sector industrial. Sin embargo, la caída natural en la producción de sus yacimientos, los retrasos en proyectos estratégicos y la falta de liquidez terminaron por golpear sus operaciones.

Al no contar con el volumen de gas prometido, la operadora comenzó a incumplir las entregas pactadas a largo plazo. Esta situación derivó en costosas penalidades, un alza en sus gastos de transporte y una drástica reducción de sus ingresos.

Con un pasivo cercano a los 900 millones de dólares y contratos firmados a tarifas muy inferiores a las actuales, la compañía se acogió al proceso de reorganización e insolvencia transfronteriza ante el Tribunal del Banco del Rey de Alberta, en Canadá.

Para asegurar una inyección de capital por cerca de 500 millones de dólares, la empresa solicitó a la Corte canadiense autorizar la terminación de cinco grupos de contratos de suministro y transporte, entre los que figuran acuerdos con firmas como Promigas y Canaven.

Tras intentar renegociar sin éxito durante varias semanas con sus contrapartes, el juez canadiense concluyó que terminar los acuerdos era la única vía para forzar nuevas condiciones comerciales y dar viabilidad financiera a la compañía.

Sin embargo, las órdenes judiciales emitidas en Canadá no tienen efecto automático en territorio nacional. Por ello, la firma KPMG, como representante extranjero del proceso, solicitó a la Superintendencia de Sociedades el reconocimiento de estas decisiones en Colombia.

El expediente deja ver dos realidades distintas para el mercado nacional. En primer lugar, la Corte de Alberta exigió blindar a la demanda esencial, garantizando que los nuevos acuerdos no incrementen las tarifas de gas para los hogares y pequeños comercios.

Bajo este mismo principio, la petrolera rechazó una propuesta de Cerro Matoso que planteaba subir uniformemente 1,50 dólares por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu) el precio de los contratos, al considerar que ese costo adicional terminaría impactando a los usuarios residenciales.

En contraste, el impacto para el sector industrial es directo. Grandes consumidores, entre ellos empresas mineras y térmicas, advierten que la cancelación de sus contratos vigentes pone en riesgo la estabilidad de sus operaciones y el empleo en regiones como el departamento de Córdoba.

De validarse la medida en Colombia, las industrias deberán renegociar su suministro a precios actuales de mercado, notablemente más altos que los pactados años atrás. Esto se traducirá en mayores costos de producción y menor competitividad para el aparato productivo.

Por su parte, distribuidoras como Gases del Caribe han manifestado que, mientras la autoridad mercantil colombiana no se pronuncie de manera definitiva, los contratos actuales mantienen su validez jurídica bajo la legislación nacional.

La Superintendencia de Sociedades asume así una responsabilidad crucial. Validar las órdenes canadienses permitirá la llegada de recursos para salvar a la petrolera y asegurar la oferta futura de gas, aunque con un costo energético superior para la industria nacional.

Frente a esta coyuntura, la salida no puede recaer exclusivamente en las decisiones de la autoridad regulatoria; requiere una mesa de trabajo tripartita donde la industria privada, la academia y los gremios sumen esfuerzos junto al Gobierno Nacional.

Desde el sector privado se pueden proponer esquemas de renegociación graduales y contratos de suministro flexibles que mitiguen el impacto financiero inmediato sobre la industria, mientras que los gremios energéticos y empresariales tienen el alcance para canalizar propuestas que agilicen la infraestructura de transporte y la comercialización de nuevas fuentes.

A su vez, la academia puede aportar modelos técnicos y prospectivos de demanda real que brinden certidumbre sobre el mercado energético a mediano plazo. Coordinar estos frentes permitirá construir soluciones estructurales que protejan la competitividad industrial, salvaguarden el empleo regional y aseguren la soberanía energética de Colombia sin desestabilizar la economía productiva.

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