El nuevo mapa de los servicios públicos: ¿por qué la luz baja y el gas sigue subiendo?

Por PhD Mario Fernando Zamora Santacruz

Mientras las tarifas de energía eléctrica logran estabilizarse tras años de crisis, la dependencia del suministro externo de gas se convierte en el nuevo desafío para el bolsillo de los colombianos en 2026

La economía colombiana atraviesa un inicio de año 2026 marcado por una dualidad energética que desafía cualquier análisis simplista. Mientras la inflación general se resiste a ceder, ubicándose en un complejo 5,35 % anual en enero, el comportamiento de los servicios públicos domiciliarios ha comenzado a trazar dos caminos radicalmente opuestos que definen el presupuesto de los hogares.

Por un lado, la energía eléctrica se ha consolidado como la gran noticia positiva del panorama macroeconómico. Tras años de aumentos asfixiantes que rozaban el 26 % anual, las cifras oficiales del DANE muestran hoy una realidad distinta: una caída anual del 4 % y una reducción mensual del 0,91 %. Este alivio no es solo un dato estadístico, sino un respiro financiero que representa ahorros de hasta 70.000 pesos mensuales para las familias.

Este fenómeno responde a un cambio de tendencia que se gestó desde noviembre de 2024. Las intervenciones regulatorias y la gestión del Ministerio de Minas y Energía han logrado que, durante la mayor parte de 2025, la electricidad creciera por debajo de la inflación general. Este "ancla" ha sido fundamental para que el IPC no se dispare a niveles inmanejables frente a otros rubros que siguen al alza.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda aparece el gas natural, un servicio que hoy enciende las alarmas de los analistas. Con un incremento anual del 9,75 %, este energético refleja una vulnerabilidad estructural que Colombia no enfrentaba hace décadas: la dependencia de los mercados externos. La bonanza de la autosuficiencia parece haber quedado atrás, dando paso a una era de importación necesaria.

Desde diciembre de 2024, el país ha tenido que comprar gas en el exterior para abastecer no solo a las industrias, sino también a los hogares, pequeños comercios y al parque automotor. Esta decisión, aunque necesaria para evitar el desabastecimiento, conlleva costos logísticos, de transporte y de regasificación que, inevitablemente, terminan trasladándose a la factura que paga el ciudadano de a pie.

Es paradójico que, dentro de la categoría de "alojamiento y servicios públicos", los mayores responsables de la inflación actual no sean los energéticos, sino los alquileres y el suministro de agua. No obstante, el gas se ha convertido en un factor de presión silencioso que impide que la inflación baje del umbral del 5 %, contrarrestando en gran medida los beneficios logrados en el sector eléctrico.

¿Qué se puede esperar para el resto de 2026 bajo este escenario? El panorama es de una "incertidumbre gestionada". En cuanto a la electricidad, el gran reto será mantener la estabilidad tarifaria frente a las amenazas climáticas. Si el sistema de embalses se ve afectado por sequías imprevistas, la presión sobre los precios de bolsa pondrá a prueba la solidez de las medidas gubernamentales actuales.

Respecto al gas, la tendencia al alza difícilmente se revertirá en el corto plazo. Colombia entra en una fase donde el precio del servicio estará atado a la volatilidad del dólar y a los precios internacionales del gas licuado (GNL). Esto obligará al Gobierno a buscar nuevas fuentes de exploración interna o a diseñar subsidios cruzados más eficientes para que el costo de la importación no asfixie a los estratos más bajos.

En el ámbito macroeconómico, el Banco de la República observará con lupa este comportamiento. Mientras los servicios públicos no muestren un descenso uniforme, es probable que las tasas de interés se mantengan en niveles que limiten el consumo, ralentizando la reactivación económica total que el país espera desde el año pasado.

En conclusión, Colombia se encuentra en una encrucijada energética. El éxito en la contención de las tarifas eléctricas es una victoria política y social innegable, pero la crisis del gas es un recordatorio de que la seguridad energética es el cimiento de la estabilidad económica. El 2026 será, sin duda, el año en el que el país deba decidir cómo equilibrar sus facturas antes de que el costo de importar energía devore el alivio de haberla regulado.

 

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