El peligro de confiar en PDVSA: Por qué el gas de Venezuela sigue siendo un mito

Por PhD Mario Fernando Zamora Santacruz

La idea de que Colombia podrá solucionar sus problemas de abastecimiento energético simplemente abriendo una llave desde Venezuela ha cobrado una fuerza sorprendente tras el drástico giro político de este inicio de 2026. Tras la salida de Nicolás Maduro y el acercamiento estratégico entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, el discurso oficial se ha volcado a promover la importación de gas venezolano como la gran tabla de salvación para el déficit que acecha al país.

Sin embargo, para quienes conocen las entrañas de la industria petrolera y gasífera, la realidad es mucho más terca que el entusiasmo de los despachos gubernamentales. Lo que hoy se presenta como una solución rápida y económica tropieza, en la práctica, con un muro de tuberías viejas, deudas acumuladas y desafíos técnicos que no se resuelven con apretones de manos ni con diplomacia de alto nivel. Importar gas desde el vecino país no es, como bien advierten los analistas, una tarea de "soplar y hacer botellas", sino un camino lleno de obstáculos que requiere años de trabajo y miles de millones de dólares.

El centro de la discusión técnica y económica es el gigantesco Campo Perla, un yacimiento situado en el Golfo de Venezuela que produce tres veces más gas que Sirius, nuestra mayor promesa en el Caribe colombiano. A simple vista, el negocio parece imbatible: una fuente de gas masiva que podría ser más barata que la que actualmente importamos desde mercados lejanos como Trinidad y Tobago. Pero aquí es donde el panorama se oscurece.

Para que ese gas llegue realmente a las estufas y fábricas de Colombia, se requiere una infraestructura que hoy es prácticamente inexistente o está en ruinas. El gasoducto binacional Antonio Ricaurte, que debería ser la arteria principal de esta conexión, lleva inactivo desde 2015 y su estado de deterioro es tal que requiere inversiones gigantescas para ser arreglado. No se trata solo de limpiar tubos, sino de reconstruir un sistema que el tiempo y el abandono convirtieron en chatarra.

A este desafío físico se suma un obstáculo técnico que pocas veces se menciona en los discursos políticos: la calidad del gas. El energético que sale del bloque Cardón IV, donde se encuentra Perla, tiene una composición química que no cumple con las normas de calidad exigidas en Colombia. Esto significa que, para que ese gas pueda ser inyectado en nuestras redes nacionales, habría que construir plantas de tratamiento y procesamiento adicionales, lo que suma más tiempo de espera y mucho más dinero a la cuenta final.

Además, si se pensara en traer el gas por barco, Colombia tendría que terminar primero sus proyectos en las costas y Venezuela tendría que construir plantas especiales que hoy no tiene. En términos reales, expertos de la industria señalan que estas adecuaciones podrían tomar entre uno y dos años en el mejor de los escenarios, lo que significa que el actual Gobierno colombiano difícilmente verá fluir esas moléculas antes de que termine su mandato en agosto de 2026.

El gran interrogante que queda en el aire es quién asumirá el riesgo de poner el dinero. Ni Ecopetrol ni la golpeada PDVSA cuentan hoy con el músculo económico para liderar esta reconstrucción por sí solas. Aunque es cierto que empresas de la talla de Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips están regresando a Venezuela con la promesa de invertir más de 100.000 millones de dólares tras el levantamiento de las sanciones, su prioridad inmediata es recuperar la producción de petróleo para venderlo al mundo, no necesariamente subsidiar la seguridad energética de Colombia.

Además, persisten disputas contractuales y deudas pendientes que deben solucionarse antes de firmar cualquier nuevo contrato. El ahorro que se promete en el precio del gas venezolano es, por ahora, una ilusión, ya que ese beneficio desaparecería al incluir los costos de reparar los ductos y los riesgos de hacer negocios en un país que apenas está intentando recuperar sus leyes y su orden.

Finalmente, desde la industria nacional el mensaje es de una cautela absoluta. Si bien la recuperación de Venezuela es una excelente noticia para la economía de la región y abre puertas a una unión comercial deseable, Colombia no puede cometer el error de poner en riesgo su futuro energético esperando que un gasoducto extranjero funcione.

La verdadera soberanía nacional no se encuentra cruzando la frontera, sino fortaleciendo nuestra propia producción en el mar Caribe, en el Valle del Magdalena y en otras regiones del país. El gas venezolano debe ser visto, en el mejor de los casos, como un apoyo extra para el futuro, pero nunca como la excusa para frenar los proyectos nacionales. La seguridad de que el país no se apague depende de lo que seamos capaces de producir en nuestra propia tierra; lo demás son promesas que, por ahora, solo existen en el papel y en las ganas de un nuevo escenario político que todavía tiene todo por demostrar.

 

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