Entre el declive natural y la incertidumbre: El motor que Colombia está dejando apagar

Por PhD Mario Fernando Zamora Santacruz

La publicación de los datos del Producto Interno Bruto (PIB) por parte del DANE no es solo un trámite estadístico; es el espejo en el que se refleja la salud real de la nación. Al cierre de 2025, el reflejo es preocupante.

Mientras la economía colombiana intenta navegar hacia un crecimiento que apenas roza su potencial del 3 %, uno de sus pilares históricos, el sector de minas y canteras, parece haberse estancado en un túnel de contracción que ya suma ocho trimestres consecutivos en rojo. Esta octava caída trimestral no es una cifra aislada, es el síntoma de un bienio perdido para las industrias del petróleo, el gas y la minería.

Lo que las proyecciones de entidades como Corficolombiana, Banco de Bogotá y Bancolombia dibujan es el retrato de una crisis estructural, no coyuntural. El sector minero-energético habría cerrado 2025 con una caída acumulada que oscila entre el 6,6 % y el 7,2 %, aunque las voces gremiales, como la Asociación Colombiana de Minería (ACM), elevan la alarma hasta un escalofriante 10 %.

No se trata solo de números negativos; es la pérdida de tracción de una industria que, por décadas, ha sido el principal proveedor de divisas, regalías y estabilidad fiscal para el país. Que un sector complete dos años sin ver la luz del crecimiento es una señal inequívoca de que la maquinaria interna está fallando en niveles críticos.

El diagnóstico de los expertos coincide en una combinación letal de factores que han asfixiado la producción. En primer lugar, Colombia enfrenta un declive natural en la producción de petróleo y gas, una realidad geológica que históricamente se frenaba con inversión en nuevos desarrollos.

Sin embargo, en 2025, la producción petrolera promedió apenas 746.000 barriles por día, registrando su segundo peor desempeño desde 2009. La situación del gas es aún más dramática: con una contracción anual cercana al 18 % en la producción comercializada, el país ha cruzado una frontera peligrosa hacia la dependencia de importaciones para cubrir su demanda interna, lo que encarece los costos para los hogares y debilita la balanza comercial.

A esto se suma el "panorama normativo incierto" que señalan analistas del Banco de Occidente y el Banco de Bogotá. La inversión en este sector es, por naturaleza, de largo aliento; requiere décadas para madurar. Cuando las decisiones de política pública y los mensajes gubernamentales se perciben como hostiles o ambiguos, el capital —que es global y pragmático— busca otros puertos.

La caída de más del 50 % en la actividad de perforación de pozos en los últimos años es la prueba fehaciente de que la "semilla del crecimiento" se está secando. Es paradójico que, en un año donde minerales como el oro y la plata han registrado precios históricamente altos, la economía colombiana no haya podido capitalizar este viento a favor debido a la falta de garantías operativas.

El impacto no es solo macroeconómico; es profundamente social y regional. La caída en la exportación de carbón y coque, que Fenalcarbón sitúa en un retroceso de 10 millones de toneladas en los últimos dos años, se traduce directamente en menos empleo en departamentos como La Guajira, Cesar y Boyacá.

Además, la pérdida de más de 2,3 billones de pesos por la menor producción petrolera equivale a casi un tercio del hueco fiscal que hoy intenta cubrir el Estado. Mientras la producción formal retrocede, la extracción ilícita de minerales avanza sin control en los territorios, financiando la inseguridad y debilitando la institucionalidad que la minería formal tanto se ha esforzado en construir.

La falta de una política pública que no solo regule, sino que promueva e impulse la inversión responsable, está pasando una factura impagable. El sector requiere mensajes claros, seguridad jurídica y una agenda coherente que entienda que la transición energética debe ser planificada, no improvisada.

No se puede pretender financiar la ambiciosa inversión social del país mientras se debilita la fuente principal de sus ingresos. El cierre de 2025 deja una lección amarga: la minería formal y los hidrocarburos necesitan volver a ser vistos como aliados estratégicos. Sin incentivos reales a la exploración y sin un combate frontal a la ilegalidad, el PIB de Colombia seguirá cojeando, sostenido por un consumo de hogares que ya muestra signos de agotamiento y por sectores que aún no tienen la espalda suficiente para cargar, por sí solos, con todo el peso de la nación.

 

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