Sostenibilidad energética: el desafío fiscal detrás del precio de los combustibles

Por PhD Mario Fernando Zamora Santacruz

El precio de los combustibles en Colombia oculta una deuda fiscal que presiona la estabilidad de Ecopetrol. Mientras se busca aliviar el bolsillo ciudadano, el déficit acumulado limita la inversión estatal y compromete el futuro energético del país

El equilibrio energético en Colombia atraviesa un momento determinante, donde la responsabilidad fiscal del Estado se mide frente a la creciente necesidad de alivio para el consumidor final. Detrás de cada galón de combustible distribuido en el territorio nacional, opera una arquitectura financiera invisible que ha dejado de ser un simple mecanismo técnico para transformarse en un factor crítico de solvencia para Ecopetrol.

Históricamente, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) fue concebido como un amortiguador para evitar que la volatilidad extrema de los mercados internacionales se trasladara de inmediato a los precios locales. Sin embargo, cuando los precios globales del crudo se mantienen en niveles elevados, la brecha entre el costo de paridad internacional y el valor de venta regulado genera un déficit que el Gobierno debe asumir como una obligación contractual.

Este diferencial se traduce directamente en una deuda líquida y acumulativa con Ecopetrol, lo que obliga a la empresa más grande del país a gestionar presiones severas en su flujo de caja. En ciclos de alto endeudamiento del fondo, la compañía se ha visto forzada a recurrir a créditos externos para financiar su operación básica, evitando así sacrificar sus ambiciosos planes de inversión en exploración y producción.

El impacto de este modelo en el balance financiero de la petrolera es profundo y estructural. Aunque el Ministerio de Hacienda ha realizado abonos significativos y pagos extraordinarios en los últimos dos años, la práctica recurrente de utilizar los dividendos que le corresponden a la Nación para sanear el déficit del FEPC crea un ciclo de inmovilidad financiera que limita el crecimiento real de la estatal.

Este "cruce de cuentas" restringe la liquidez que debería destinarse a proyectos estratégicos de transición energética y descarbonización. Al final del día, se está convirtiendo capital de inversión de alto retorno en recursos destinados meramente a mitigar el impacto inflacionario interno, lo que representa un costo de oportunidad inmenso para el liderazgo tecnológico de Colombia en la región.

La reciente decisión de reducir en 500 pesos el precio de la gasolina introduce una variable de riesgo adicional en esta delicada ecuación. Si bien esta medida representa un respiro necesario para la economía de los hogares y el sector transporte, técnicamente ensancha la brecha que el FEPC debe cubrir en un escenario donde el precio del barril Brent muestra una resistencia a la baja por tensiones geopolíticas.

Como señala el análisis de Razón Pública, cualquier movimiento que no guarde simetría con la tendencia internacional del mercado termina por dilatar el periodo de convergencia del déficit. Esto prolonga la dependencia de futuras emisiones de deuda pública (TES) para cubrir un desfasaje que no desaparece, sino que se acumula silenciosamente en los libros contables del Estado y la petrolera.

Información reciente del sector sugiere que, ante la presión de diversos gremios, el Gobierno nacional ha tenido que moderar la velocidad de los ajustes en el ACPM, el combustible que mueve la carga y el transporte masivo. Esta decisión, aunque políticamente comprensible, mantiene un subsidio que es fiscalmente más oneroso que el de la gasolina corriente, profundizando la presión sobre las metas de la Regla Fiscal para 2025 y 2026.

Hacia el futuro, el nivel de endeudamiento derivado de estos beneficios plantea un riesgo sistémico para la calificación crediticia del país. La deuda del FEPC no es solo un dato estadístico; es un compromiso que condiciona la capacidad de Ecopetrol para competir en un mercado global que exige capital intensivo para la innovación y la búsqueda de nuevas fuentes de energía más limpias.

El desafío inmediato no reside únicamente en cerrar el hueco fiscal acumulado, sino en establecer una política de precios transparente, técnica y despolitizada. El país corre el riesgo de perpetuar un esquema de auxilios que, a largo plazo, compromete la solidez de su infraestructura energética en favor de una estabilidad de precios que resulta momentánea y artificialmente sostenida.

Es imperativo que la política de combustibles evolucione hacia un sistema que proteja la viabilidad operativa y la autonomía financiera de Ecopetrol. Solo garantizando que la empresa disponga de los recursos generados por su propia operación para liderar la transformación industrial, se podrá asegurar que Colombia no hipoteque su futuro energético para pagar la factura del consumo presente.

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