En el borrador del (PND), el Gobierno Nacional afirmó que impulsará diferentes proyectos en materia de energías renovables y carbón. En cuanto a este último, se promoverán proyectos de urea con carbón de origen colombiano, así como el aprovechamiento de otros insumos minerales para la industria, la agricultura y la minería.

A la vez, se mencionó que en el país se buscará desarrollar la coexistencia de proyectos de petróleo y gas con iniciativas de energías renovables. Incluso, se impulsarán proyectos de geotermia, energía solar y generación eléctrica a partir del viento o energía eólica.

Con base en lo afirmado en el plan, la idea es que tanto el gas como el carbón contribuyan a reducir la exposición a las importaciones. De esa manera, se busca evitar que el país esté inmerso en escenarios de volatilidad internacional e interrupciones del suministro que pongan en riesgo los insumos energéticos para las empresas, los hogares y las regiones.

“Conjurar el riesgo de apagón será una prioridad inmediata. La gestión de embalses, la reparación del parque térmico y la disponibilidad de combustibles se articularán con el seguimiento a la demanda y a la hidrología. La sequía y el fenómeno de El Niño exigirán anticipación, conducción técnica y decisiones oportunas”, expresó el Gobierno en el borrador del PND.

A la vez, se promovería la contratación de generación de energía geotérmica y nucleoelectricidad. Para ello, se contará con información del Servicio Geológico Colombiano y otras entidades competentes que permitan impulsar estas iniciativas.

De otro lado, el Ejecutivo manifestó que buscará una manera distinta de prestar los servicios de energía en el Caribe. Según lo expuesto, se busca garantizar la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones en este sector en dicha región. Para ello, habrá una complementariedad entre la energía solar, térmica e hidráulica, junto con contrataciones a largo plazo que garanticen un suministro diversificado y suficiente.

Se hizo mención de que el Ministerio de Minas y Energía deberá fortalecer su coordinación y seguimiento, además de contar con equipos especializados. Mientras tanto, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) deberá tener una gobernanza técnica. Todo esto estaría acompañado de una institucionalidad minera que fortalezca la fiscalización y el acompañamiento a la legalidad.

Frente a Ecopetrol, se tiene proyectado que esta empresa sea fortalecida como un activo de la Nación. El Gobierno de De la Espriella aseguró que, a través de la producción, la refinación y la exploración, habrá una mayor creación de valor, seguridad energética y disciplina financiera de la compañía. Además, agregó que debe fortalecerse la confianza de los inversionistas en la empresa.

Por otro lado, el sector minero-energético es uno de los llamados por el Gobierno Nacional a impulsar el desarrollo de megaproyectos que permitan alcanzar un crecimiento económico anual de 6 %, que es la cifra que De la Espriella tiene como meta.

Otros objetivos en las regiones

Las metas también incluyen a las viviendas que aún no cuentan con el servicio de energía eléctrica. Por lo tanto, el Ministerio de Minas y Energía, junto con la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), deberá fortalecer la articulación en materia de planeación con los operadores de red para mejorar la prestación de este servicio a los hogares.

“Se establecerá la obligatoriedad de reporte de información a la UPME por parte de agentes y entidades territoriales que permita la adecuada actualización del Plan Indicativo de Expansión de la Cobertura del Servicio de Energía Eléctrica (PIEC) y la focalización de inversiones en los territorios con mayor necesidad”, se lee en el documento.

De esta forma, la universalización de la energía eléctrica y la ampliación de la cobertura de otros servicios públicos, como el gas, serían algunos de los objetivos incluidos en el PND. Todo esto hará parte de una política que desplegará el Gobierno con las entidades mencionadas para que los hogares de estratos 1 y 2 sustituyan el uso de leña por otro tipo de combustibles.

Adicionalmente, a través del Ministerio de Minas y Energía, junto con el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), se adelantará una “intervención integral” en la prestación del servicio de energía eléctrica en el Caribe. Según manifestó el Ejecutivo, con esto se busca reducir las pérdidas, aumentar el recaudo, mejorar la medición y la infraestructura, y garantizar la sostenibilidad financiera.

A la vez, se implementarán esquemas regulatorios y de prestación diferenciales en áreas que presenten problemáticas similares a las del Caribe, como Caquetá, Cauca, Chocó o Nariño. De tal forma que la CREG tendrá que establecer condiciones diferenciales en la prestación del servicio, considerando la generación, la distribución, la calidad, la continuidad y la atención en las zonas eléctricamente subnormales.

Otro de los puntos relevantes es que se promoverán las asociaciones público-privadas (APP) para fomentar la inversión en proyectos de infraestructura eléctrica. En este punto, tanto el Ministerio de Minas y Energía como el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y otras entidades impulsarán marcos normativos aplicables a las APP. Mientras tanto, la CREG facilitará la estructuración, la financiación y la implementación de estos proyectos para que la regulación esté acorde con la medida.

A la vez, el Gobierno tendría la facultad de modificar las fuentes de financiación y el objetivo del Fondo de Sostenibilidad Financiera del sector eléctrico (FONSE). Según lo mencionado, con esto se podría consolidar una estructura financiera que proteja el servicio de energía y cuente con un mecanismo que respalde al sector ante situaciones que pongan en riesgo la sostenibilidad financiera del mercado de energía mayorista.

Incentivos para el sector

El mismo Ministerio creará las Zonas de Aprovechamiento y Reactivación Productiva Avanzada (ZARPA), con el propósito de conectar la inversión con el procesamiento, la refinación, la metalurgia, la manufactura y la industrialización de minerales, junto con el aprovechamiento de residuos mineros.

En las ZARPA se implementarían incentivos del régimen franco en materia arancelaria y fiscal. También se establecerían medidas para importar insumos, equipos y maquinaria.