De la soberanía al puerto: el riesgo de una Colombia dependiente del gas importado

Por PhD Mario Fernando Zamora Santacruz

La proliferación de plantas regasificadoras como respuesta a la falta de planeación y el declive del autoabastecimiento energético

El panorama energético de Colombia atraviesa un punto de inflexión crítico donde la falta de una política de Estado coherente y de largo plazo ha forzado al país a sustituir su autonomía por una creciente red de infraestructura de importación. La reciente confirmación de que Empresas Públicas de Medellín (EPM) pondrá en marcha su propia planta regasificadora en Copacabana para mediados de 2026 es el síntoma más claro de esta metamorfosis.

Lo que antes era una nación con miras a la soberanía energética, hoy se vuelca hacia una estrategia de emergencia para recibir Gas Natural Licuado (GNL) del exterior. Esta decisión, aunque garantiza el flujo del recurso para sus usuarios a corto plazo, evidencia una desconexión profunda entre el discurso de protección ambiental y las realidades técnicas que obligan a comprar afuera lo que no se está produciendo adentro.

La cartografía técnica de los proyectos a futuro, reflejada en los planes de la CREG, revela una hoja de ruta de la dependencia que se extiende por todo el territorio nacional. En ella se destacan puntos estratégicos como Ballena, en La Guajira, proyectado con una inversión de 150 millones de dólares para facilitar la entrada de gas, así como la adecuación de la infraestructura en Coveñas-Ayacucho y el proyecto de la regasificadora en Buenaventura.

Es profundamente paradójico que regiones como la Costa Caribe, que históricamente han sido el motor de la producción nacional, ahora se transformen en nodos de recepción para gas extranjero. Los gasoductos de las grandes transportadoras, que tradicionalmente movilizaban la riqueza del subsuelo colombiano hacia el interior, aparecen ahora en los mapas como las arterias principales para distribuir un combustible que llega por vía marítima, sujeto a la volatilidad de los precios en mercados internacionales.

Esta proliferación de terminales, que según estudios sectoriales podría sumar hasta 14 proyectos potenciales, responde directamente al vacío dejado por la declinación acelerada de las reservas y la limitación de nuevas exploraciones.

Mientras el país deposita sus esperanzas en que megacampos marinos como Sirius entren en operación hacia 2029 o 2030, la brecha entre la oferta nacional y la demanda crece de forma alarmante. Esta transición no es gratuita: expertos y gremios advierten que la dependencia del GNL importado, cuyo costo puede ser significativamente superior al del gas nacional, terminará impactando las tarifas residenciales y la competitividad de la industria, presionando la inflación y afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la población.

Para revertir esta tendencia y garantizar una verdadera seguridad energética, se requiere de forma urgente reactivar la exploración con el fin de incorporar al menos 500 millones de barriles equivalentes de petróleo (Mboe) en nuevas reservas. Esta cifra no es caprichosa: es el volumen necesario para asegurar un horizonte de autoabastecimiento de al menos 10 años y enviar una señal de confianza al mercado.

Solo a través de una política que incentive la actividad exploratoria se podrá lograr que los proyectos cierren financieramente en Colombia, permitiendo que el capital se quede en el país en lugar de fugarse hacia proveedores externos. Sin esta viabilidad financiera y operativa para la extracción local, el sistema energético seguirá apostando por soluciones de corto plazo que comprometen la estabilidad económica nacional.

Finalmente, el escenario actual plantea un dilema ético difícil de ignorar: se restringe la explotación local por motivos ambientales, pero se fomenta la importación de gas de países que sí explotan sus recursos intensivamente. Esta "tercerización" del impacto ambiental no elimina la huella de carbono, pero sí exporta los beneficios económicos, las regalías y los empleos que la industria local solía generar.

En este contexto, la infraestructura de regasificación corre el riesgo de convertirse en un monumento permanente a una soberanía perdida. Sin una planificación que asegure la estabilidad jurídica y reactive la producción interna, el país quedará atrapado en un ciclo de dependencia externa del cual será extremadamente difícil y costoso escapar.

 

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