Gas natural: un mercado ineficiente que asfixia el bolsillo de los hogares

Por PhD Mario Fernando Zamora Santacruz

El gas natural es el combustible de la transición y el sustento diario de millones de hogares en Colombia. Sin embargo, la paradoja energética del país ha alcanzado su punto más crítico, golpeando directamente el bolsillo de los ciudadanos bajo un sistema que parece asfixiar al eslabón más débil.

El reciente informe de la Superintendencia de Servicios Públicos es una radiografía de un mercado profundamente distorsionado. La entidad advirtió que en el país existe una formación ineficiente en los precios del gas, los cuales se divorciaron por completo de la realidad técnica y económica. Sostener que las tarifas locales superan en un 199 % a la referencia internacional Henry Hub no es una simple métrica; es la evidencia de un fracaso estructural.

¿Cómo se explica que un país con producción local pague el triple de la tarifa internacional? La respuesta de la Superservicios es contundente: los precios de este servicio público no están ligados a criterios de costo-eficiencia, ni asociados a los costos reales de inversión y producción de las empresas.

A este panorama de precios inflados se suma una profunda contradicción política que agrava la incertidumbre del sector. Mientras el gobierno de Gustavo Petro mantiene una línea dura de no aceptar nuevas exploraciones de gas en el país, las decisiones de su propia administración caminan en un sentido totalmente opuesto. La oferta y asignación para plantas termoeléctricas a gas ha aumentado drásticamente, lo que terminará incrementando los gastos en las tarifas de energía para toda la comunidad y la población.

El cortocircuito interno quedó en evidencia este domingo 24 de mayo tras la publicación de la analista energética Daniela Mercado. En ella se expusieron los resultados de la más reciente subasta de Obligaciones de Energía Firme administrada por XM el pasado 22 de mayo. De los 4.069,7 megavatios asignados para el periodo entre diciembre de 2029 y noviembre de 2030, la mayor tajada, un total de 2.276,8 megavatios, se le entregó a las plantas térmicas, dejando relegadas a las energías solar y eólica que sumaron 1.793 megavatios entre ambas.

La reacción del presidente Petro dejó en claro que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, no está en línea con las directrices de la Casa Nariño. El mandatario le reclamó públicamente al ministro a través de sus redes sociales, calificando el resultado de la subasta eléctrica como una alta traición al corazón del programa de gobierno. Petro llegó a sugerir que alguien recibió un pago para autorizar una nueva gasificadora en zonas de protección ambiental de la línea negra y sentenció con un rotundo: "No necesitamos más gas, sino disminuir el gas en nuestra economía".

Para el jefe de Estado, el complemento de energía ante las sequías debe ser el sol y no construir más termoeléctricas a gas, argumentando que esto agrava el calentamiento global. Sin embargo, la realidad técnica que opera su propio ministerio contradice el discurso presidencial, atrapando al país en una encrucijada donde se frena la búsqueda de gas propio pero se amarra el futuro eléctrico a la quema de ese mismo combustible.

El aspecto más grave de todo este desorden radica en la flagrante inequidad distributiva que ya sufren los usuarios en el mercado actual. En un escenario sano y con sentido social, la demanda regulada, es decir, los hogares y las familias, debería gozar de redes de protección tarifaria para garantizar su acceso. En Colombia ocurre exactamente lo contrario.

Durante el año 2025, el sector residencial pagó un 48,9 % más por el gas que la demanda no regulada, la cual corresponde principalmente al sector industrial. Aunque para el año 2026 esta alarmante brecha se moderó al 21,6 %, la injusticia distributiva todavía persiste y sigue pesando sobre las finanzas del ciudadano de a pie.

Esta distorsión se agrava profundamente en el llamado mercado secundario, donde se revende el gas sobrante. El superintendente Felipe Durán señaló que los precios en este escenario superan sistemáticamente a los del mercado primario, lo que revela que los usuarios más vulnerables terminan absorbiendo todas las señales de escasez del sector mayorista.

La especulación quedó en evidencia al registrarse costos promedio de 13,08 dólares por Millón de Unidades Térmicas Británicas (MBTU) en los contratos interrumpibles del mercado secundario. Estos valores, escandalosamente elevados, demuestran que el gas se convirtió en un bien de usura cuando escasea, en lugar de ser un servicio público protegido.

Detrás de este comportamiento de los precios se esconde una realidad inocultable: la altísima concentración de la producción en pocas manos. Ecopetrol controla el 63,15 % del mercado, seguido por Hocol con el 14,66 % y Canacol Energy con el 5,79 %, lo que significa que solo tres empresas manejan más del 83 % del gas del país.

Cuando un puñado de compañías domina un bien de primera necesidad, la libre competencia se transforma en un mito. Ante este escenario monopolístico, el anuncio de la Superintendencia de vigilar la operación, los márgenes financieros y los mecanismos de formación de precios de los productores y comercializadores es una acción urgente y necesaria.

Sin embargo, la vigilancia por sí sola no solucionará el problema estructural si no viene acompañada de reformas regulatorias profundas. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) debe atender el llamado de incorporar criterios de producción, inversión y operación local en las fórmulas tarifarias para reducir de una vez por todas la dependencia de las volátiles referencias internacionales.

Asimismo, se necesitan establecer techos de precios en el mercado secundario para la demanda regulada. No se puede permitir que los excedentes en los procesos de contratación sigan siendo un negocio de pura especulación que termine trasladándose de forma directa a las tarifas de los usuarios residenciales.

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