Descarbonizar sin quebrar al Estado: el llamado de alerta de los hidrocarburos

Por PhD Mario Fernando Zamora Santacruz

El debate sobre la descarbonización en Colombia dejó de ser una discusión puramente teórica para aterrizar en un choque de cifras duras y subsistencia fiscal.

El estudio del Comité Intergremial de Petróleo y Gas —conformado por la ACP, Naturgas, Campetrol, Acipet, Aciem y la ACGGP— puso sobre la mesa un dato contundente: la brecha fiscal entre mantener la exploración activa o forzar una transición acelerada asciende a 533 billones de pesos hacia 2050.

La discusión de fondo no radica únicamente en las metas ambientales, sino en el rol estructural que desempeñan los hidrocarburos en el engranaje cotidiano del país.

El petróleo y el gas no son solo un renglón minero-energético: constituyen el principal generador de divisas de Colombia, representan la mayor parte de las exportaciones y son el ancla que sostiene la estabilidad del tipo de cambio y la confianza macroeconómica.

Además, los hidrocarburos son la columna vertebral de la soberanía energética: aportan la energía primaria que mueve el transporte de carga, sostienen la operación industrial e impulsan la generación eléctrica de respaldo cuando las sequías golpean los embalses.

La urgencia global por enfrentar el cambio climático es indiscutible, pero prescindir abruptamente de esta fuente de riqueza sin haber consolidado alternativas reales desbalancea por completo las cuentas del Estado.

Esos 533 billones de pesos en riesgo equivalen a las regalías e impuestos con los que departamentos y municipios financian vías terciarias, acueductos, escuelas y puestos de salud, además de nutrir subsidios y gasto social indispensable.

Pretender reemplazar ese flujo de caja con sucesivas reformas tributarias o actividades económicas aún incipientes resulta una apuesta ciega contra el bolsillo de los ciudadanos.

El costo más inmediato de esta falta de sincronización técnica no tardará décadas en sentirse: llegará pronto a los hogares a través del gas natural.

Las reservas probadas actuales se acercan a su límite hacia 2035, y los análisis del sector identifican una ventana crítica e inaplazable entre 2029 y 2032 para definir y poner en marcha nuevos proyectos.

Si el país no consolida a tiempo sus hallazgos en tierra y costa afuera, quedará atado a importaciones masivas para cocinar, mover el transporte masivo y sostener a la pequeña industria.

Traer gas licuado en barcos no reduce las emisiones del planeta. Por el contrario, multiplica los costos logísticos, encarece la tarifa mensual de las familias vulnerables y traslada la soberanía energética a mercados externos.

Frente a este escenario, las medidas oficiales lucen insuficientes. La conformación de un grupo estratégico en la Agencia Nacional de Hidrocarburos ayuda a destrabar trámites, pero se queda corta mientras persista la negativa a firmar nuevos contratos de exploración.

De poco sirve agilizar la burocracia existente si no se fomenta la búsqueda continua de reservas para reponer el volumen que el país consume día a día.

A este freno exploratorio se suma el deterioro de la seguridad física en las regiones. Ecopetrol y las empresas contratistas enfrentan bloqueos, atentados a la infraestructura y extorsiones en sus áreas operativas tradicionales.

Sin orden público ni garantías mínimas para las cuadrillas en campo, la confianza inversionista se desploma y la declinación de los pozos activos se acelera.

La hoja de ruta presentada por los gremios no busca atar a Colombia a los combustibles fósiles, sino utilizarlos como palanca para financiar una transformación ordenada.

Ningún país responsable apaga su principal fuente de ingresos antes de haber construido el sistema que la va a reemplazar.

Proteger la caja de la nación, blindar el suministro de gas y respaldar la estabilidad operativa de Ecopetrol son condiciones básicas para que el cambio energético no termine pasando una factura impagable a toda la sociedad.

 

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