¡Ecopetrol Nuevo Escándalo! 700 mil millones por delitos y pasivos ambientales

¿Inversionistas y fondos de pensiones en riesgo?

La petrolera estatal Ecopetrol S.A. vuelve a estar en el ojo de la tormenta por presuntos hechos de corrupción y ocultamiento ambiental que podrían costarle al país cifras escandalosas. Documentos recientes, conocidos como los “Iguana Papers”, han señalado a la compañía por presuntas prácticas de manipulación en el reporte de emisiones de metano y afectaciones a humedales estratégicos, mientras que en las regiones más golpeadas por el conflicto armado, como el Catatumbo, comunidades denuncian que desde 2017 se viene ocultando un desastre ambiental de proporciones similares al derrame del pozo Lizama-158, disfrazado como una condición natural que bajo la excusa de la guerra y la inestabilidad en la zona no ha podido ser confirmado.

El prontuario de la empresa no es menor, basta recordar el mega escándalo de Reficar, que la Fiscalía General de la Nación calificó como uno de los mayores escándalos de corrupción corporativa del país, que se sumó al derrame del pozo Lizama en 2018, cuando miles de barriles de crudo contaminaron aguas, suelos y fauna en el departamento Santander y que al día de hoy siguen generando afectaciones a las comunidades y el medio ambiente, sin embargo, lo que llama poderosamente la atención es que en ambos casos, Ecopetrol ha insistido en que ha actuado conforme a la ley y bajo sus principios corporativos que en la práctica distan de las innumerables sentencias judiciales en su contra, los cientos de quejas y reclamos de las poblaciones en donde tiene operación y el inconformismo generalizado con las malas prácticas de la empresa en zonas que no representan un ingreso económico y/o que no están bajo la lupa de la prensa o las autoridades. 

La nueva filtración de los Iguana Papers, divulgada en marzo de 2025 por la Environmental Investigation Agency (EIA), Earthworks y la BBC, describe a Ecopetrol como un actor clave en un presunto esquema de ocultamiento de información sobre pasivos ambientales. El denunciante Andrés Olarte, extrabajador de la compañía, ha afirmado que existe un subregistro de emisiones y un presunto manejo poco transparente de los planes de contingencia, cuyo expediente ya está en manos de organismos internacionales, incluida la SEC en Estados Unidos, lo que eleva el nivel de riesgo reputacional y jurídico de la petrolera estatal, que lejos de dar una explicación a las acusaciones, niega rotundamente pero sin evidencia los señalamientos, una práctica que al parecer es recurrente y reiterativa en momentos previos a los grandes escándalos y desastres ambientales en los que se ha visto envuelta la empresa.

Fuente: https://eia.org/los-iguana-papers/

A este nuevo escándalo se suma la situación que atraviesa el Catatumbo, específicamente en el campo Carbonera – La Silla, en Tibú. Allí, líderes comunitarios aseguran que desde noviembre de 2017 ocurrió un derrame con características similares al desastre de Lizama, que habría puesto en riesgo a más de 6.000 habitantes de las poblaciones aledañas y que ha está rodeado de atropellos por parte de funcionarios de Ecopetrol S.A. como la ingeniera Rocio del Pilar Rincón , la ingeniera Lorena León Yagüe , el ingeniero José Fernando Barrera , el ingeniero Jesús Alfredo Rueda, el ingeniero Carlos Mauricio Ávila y hasta el mismo vicepresidente de Upstream el Ingeniero Juan Carlos Hurtado , quién vale la pena recordar ha sido señalado en años anteriores por desastres ambientales, a quienes la comunidad responsabiliza por incumplir agendas y citas pactadas, guardar silencio ante el grave desastre ambiental, manipular y desinformar a los habitantes con información imprecisa o falsa como la de supuestos ataques terroristas en la zona, presentar informar incompleta y falsa a las autoridades ambientales y usar actas de compromisos como muestras de gestión que en la práctica solo quedan en el papel, denunciando que desde enero de 2024 se han firmado acuerdos entre Ecopetrol y las juntas de acción comunal que al día de hoy se encuentran incumplidos sin justificación.

Las comunidades como han relatado y documentado en las denuncias interpuestas ante la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), la alcaldía municipal de Tibú, la Corporación autónoma regional, denuncian entierros de petróleo crudo en zonas no autorizadas aledañas a cuerpos de agua, la muerte de semovientes por consumo de agua contaminada y represalias que van desde el despido injustificado de personal, incumplimiento de los acuerdos de contratación de mano de obra local, destrucción de vías de acceso, negligencia ambiental y social, dilatación injustificada en la atención de emergencias ambientales y presunto señalamiento e individualización de denunciantes, en donde se destaca el cruel asesinato en 2020 de un líder social de la vereda que desde 2018 lideró una cruzada en contra de la estatal denunciando malas practicas en la atención de contingencias y la implementación de los programas de restitución de cultivos en las veredas Totumito y La Silla.

Aunque la licencia ambiental del pozo C5K está oficialmente a nombre de Mompos Oil Company Inc. como lo informa la ANLA, las comunidades han señalado a Ecopetrol S.A como el principal responsable de los daños e impactos ambientales, debido a que como lo denuncia el presidente de la junta de acción comunal, la estatal ha reconocido ser el encargado de pagar y atender los requerimientos de la autoridad ambiental pero en los tiempos y las condiciones que esta empresa determine como adecuados, sin importar el impacto negativo que ha tenido el desastre ambiental provocado presuntamente por esta empresa desde 2017.

Actualmente, este caso también se encuentra en manos de las autoridades locales y de regulación, que de confirmarse las responsabilidad de Ecopetrol en los hechos descritos y documentados en dichas denuncias las multas y sanciones podrían representar cerca de 700.000 MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (175 MILLONES DE DÓLARES APROXIMADAMENTE),  sin dejar de lado que la ANLA ha señalado al menos 124 EVENTOS ASOCIADOS A OPERACIONES DE ECOPETROL, lo que confirma que la exposición jurídica es real y que los riesgos económicos podrían superar con creces los cálculos iniciales.

En la Bolsa de Valores de Colombia, donde Ecopetrol concentra parte fundamental de la capitalización bursátil, cualquier señalamiento de riesgos multimillonarios genera nerviosismo entre inversionistas y fondos de pensiones. Un pasivo estimado en 700.000 millones de pesos, podría interpretarse como un deterioro patrimonial y, en consecuencia, traducirse en una desvalorización de la acción y pérdida de confianza.

Para los accionistas minoritarios, que dependen de la transparencia en los reportes financieros, este tipo de contingencias se percibe como una amenaza directa a sus dividendos. Y en el plano internacional, con Ecopetrol listada también en Wall Street, los señalamientos presuntos de ocultamiento ya generan alertas regulatorias y la posibilidad de investigaciones que podrían golpear la cotización y restringir el acceso a capital fresco, comprometiendo inclusive los fondos de pensión y los intereses de los accionistas a diferentes escalas.

Hoy Ecopetrol insiste en su compromiso con la sostenibilidad y la transición energética, alardeando de inversiones y proyectos para mitigar su huella ambiental. Sin embargo, el ruido de los escándalos y las denuncias persiste: desde los Iguana Papers hasta las emergencias en el Catatumbo, pasando por el recuerdo imborrable de Lizama y Reficar, la petrolera más grande de Colombia enfrenta un futuro plagado de incertidumbres legales y financieras. Si los señalamientos terminan confirmándose en estrados judiciales, el impacto no solo será económico sino que podría convertirse en el mayor golpe reputacional de su historia, uno que cargará con el peso de miles de familias y territorios presuntamente afectados por el silencio y la opacidad.

Oil Channel intentó comunicarse con Ecopetrol para obtener comentarios y aclaraciones sobre los hechos descritos, pero hasta la fecha no ha sido posible recibir una respuesta oficial de la compañía.

Fuentes consultadas: Environmental Investigation Agency (EIA) – The Iguana Papers; Earthworks – Crude Lies; BBC y El País (documental y reportajes sobre Ecopetrol); Fiscalía General de la Nación (caso Reficar); Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA, oficios y licencias sobre Carbonera – La Silla); prensa nacional y regional sobre Catatumbo; reportes sobre Lizama-158 y registros de impactos no resueltos; Radio Nacional de Colombia; infobae. 

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