¿Por qué atacar a la industria que sostiene a Colombia ad portas de crisis energética?

En Colombia, la discusión sobre la transición energética ha dejado de ser un debate conceptual para convertirse en un desafío estructural que define el futuro económico, social y ambiental del país. En un contexto donde la demanda global de energía continúa creciendo y la volatilidad internacional presiona los precios, la industria de hidrocarburos se mantiene como una pieza central para la seguridad energética, la competitividad y la estabilidad fiscal.

La Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) lo ha reafirmado: el sector no es simplemente un proveedor de combustibles, sino un motor de desarrollo que sostiene territorios financia programas sociales y asegura un suministro estable y asequible para millones de colombianos.

Colombia enfrenta hoy una doble presión que no da espera: garantizar la autosuficiencia energética y, al mismo tiempo, mantener los ingresos que permiten financiar educación, salud, infraestructura y protección social. Con reservas probadas de apenas 5,9 años de gas y 7,2 años de petróleo, la urgencia de atraer inversión, impulsar la exploración y asegurar estabilidad regulatoria se vuelve inaplazable.

Sin estas condiciones, el país corre el riesgo de depender de importaciones costosas, debilitando su soberanía energética y aumentando el costo de vida de los hogares y sectores productivos.

El presidente de la ACP, Frank Pearl, lo resume con claridad: “Las economías las mueven los empresarios; el papel del Estado es redistribuir la riqueza y los beneficios que genera el sector privado”. Esta visión refleja una realidad innegable.

En 2024, la industria aportó cerca de 50 billones de pesos en contribuciones fiscales, consolidándose como uno de los principales financiadores del Estado. Además, su presencia en más de 300 municipios impulsa infraestructura, empleo formal y programas estratégicos como Obras por Impuestos, que han llevado salud, educación y vías a comunidades históricamente marginadas.

Pero su aporte no es solo económico. Aunque el sector representa menos del 5 % de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, ha sido pionero en la implementación de estrategias climáticas sofisticadas.

Más de 90 proyectos están en marcha para reducir 11 millones de toneladas de CO₂ equivalente a 2030, con inversiones en eficiencia energética, control de emisiones fugitivas, geotermia, autogeneración a gas y más de 400 megavatios en parques solares. A esto se suman esfuerzos de restauración ecológica, economía circular y la adopción de estándares internacionales como TNFD, que ponen a la industria a la altura de las exigencias globales.

En este debate complejo, la visión empresarial también aporta claridad sobre el rumbo que debería tomar el país. Mario Fernando Zamora Santacruz, CEO de Mompos Oil Company Inc., señala que la transición energética debe asumirse con rigor técnico, proyección realista y una comprensión profunda de la demanda.

“La transición no puede sustentarse en decisiones improvisadas ni en la reducción abrupta de capacidades instaladas. Colombia necesita planificación de largo plazo, estabilidad jurídica y un sistema energético robusto que garantice confiabilidad y bienestar para la población”, afirma. Zamora advierte que el país debe preservar la exploración, fortalecer su institucionalidad y promover alianzas público–privadas para evitar escenarios de desabastecimiento y dependencia creciente de combustibles importados.

La transición energética responsable no significa renunciar al petróleo y gas, sino utilizarlos inteligentemente mientras se fortalecen las energías limpias. La sostenibilidad no se logra cerrando puertas, sino construyendo nuevos caminos que integren innovación, inversión y desarrollo territorial. Colombia debe avanzar, sí, pero con una estrategia seria, técnica y aterrizada en la realidad económica del país y en las necesidades de su población.

La industria de hidrocarburos no es un obstáculo para la transición, sino un actor indispensable para hacerla posible. Garantizar la seguridad energética, sostener el crecimiento económico y asegurar un futuro sostenible requiere una transición ordenada, planificada y basada en evidencia.

La responsabilidad de construir ese futuro es compartida: estado, industria y sociedad deben trabajar juntos para que Colombia avance sin poner en riesgo su bienestar ni su soberanía energética.

 

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