Seguridad jurídica en jaque: ¿es el sector petrolero responsable de la guerra en Colombia?

Por PhD Mario Fernando Zamora Santacruz

El reciente fallo de la Corte Constitucional sobre el Oleoducto Trasandino marca un precedente sin precedentes en el país, desplazando las obligaciones de seguridad y orden público del Estado hacia las compañías operadoras, mientras el Gobierno profundiza la presión fiscal sobre el sector.

El sector petrolero colombiano ha recibido una estocada que redefine, de manera alarmante, las reglas del juego para la inversión y la operación en el país. Una decisión de la Corte Constitucional, que inicialmente pasó bajo el radar en octubre de 2025, ha comenzado a mostrar sus verdaderos y devastadores alcances para la seguridad jurídica de la nación.

La sentencia, que tutela los derechos del pueblo Awá en Nariño, establece que empresas como Ecopetrol y Cenit son responsables de los daños ambientales causados por terceros. Es decir, las compañías ahora deben responder legal y financieramente por las voladuras de oleoductos y las válvulas ilícitas instaladas por grupos armados organizados.

Esta postura judicial ignora una realidad técnica y territorial insoslayable: el control del orden público es una obligación constitucional e indelegable del Estado colombiano. Al trasladar esta carga al sector privado, la Corte no solo está desbordando la función social de la empresa, sino que está admitiendo la incapacidad de las instituciones para garantizar la seguridad en las llamadas "zonas rojas".

El caso del Oleoducto Trasandino (OTA) es el espejo de esta crisis. Esta infraestructura vital para el suroccidente del país se encuentra paralizada bajo órdenes judiciales que condicionan su reactivación a exigencias casi imposibles de cumplir en un contexto de guerra. Se le pide a la empresa privada garantizar la seguridad de las comunidades y el acceso al agua, tareas que corresponden por ley a los ministerios y alcaldías.

La miopía de este fallo ya ha cruzado fronteras, golpeando el corazón financiero de la industria. La reciente exclusión de Ecopetrol de las inversiones del Fondo Soberano de Noruega es un mensaje directo de los mercados internacionales. Si la justicia colombiana etiqueta a sus propias empresas como responsables de violaciones de derechos humanos cometidas por criminales, el capital extranjero no dudará en huir hacia jurisdicciones más estables.

Estamos ante un escenario de "responsabilidad objetiva" disfrazada de debida diligencia. Los magistrados sostienen que, por el simple hecho de operar en zonas de conflicto, la empresa asume el riesgo de lo que los grupos armados hagan. Es, en la práctica, un castigo por intentar llevar desarrollo y energía a las regiones más apartadas y olvidadas de Colombia.

Mientras tanto, la industria se enfrenta a una doble presión. Por un lado, la asfixia judicial que exige reparaciones multimillonarias por actos de terrorismo; por otro, la asfixia fiscal de un Gobierno que utiliza la narrativa de la "presión fiscal" para justificar alzas permanentes en los precios de los combustibles, golpeando la competitividad de toda la cadena logística.

La propuesta del Ejecutivo de migrar aceleradamente a energías eléctricas ante el déficit del fondo de combustibles parece desconocer que la transición energética no se construye destruyendo la rentabilidad de las empresas que la financian. Sin la renta petrolera y sin oleoductos operativos, no hay recursos para financiar la transformación productiva que tanto se pregona desde la Casa de Nariño.

Resulta paradójico que la Corte identifique una falla sistemática del Estado en la protección del pueblo Awá, pero que la solución sea imponerle toda la carga económica y operativa a la empresa que es víctima del ataque. Es un sistema donde el victimario queda en la sombra, el garante (el Estado) se excusa en su falta de competencia, y la víctima (la empresa) es condenada a reparar daños ajenos.

Los gremios han advertido que este precedente es el fin de la viabilidad operativa en regiones críticas como el Putumayo, el Catatumbo o Arauca. Si el costo de operar un oleoducto incluye hacerse cargo de las consecuencias de la guerra civil no declarada que vive el país, simplemente no habrá compañía que pueda sostener sus balances bajo estas condiciones.

La paralización del OTA no es un evento aislado; es el síntoma de un activo de interés nacional que está siendo clausurado por la vía del derecho. El uso de carrotanques o la dependencia de infraestructuras en países vecinos para exportar nuestro crudo no son soluciones sostenibles, sino parches costosos que terminan pagando todos los colombianos en el precio final de la energía.

Es urgente que el país abra un debate serio sobre los límites de la responsabilidad empresarial en escenarios de conflicto armado. La industria petrolera no puede ser el sustituto de un Estado ausente. No se puede exigir a un operador de infraestructura que tenga la capacidad de inteligencia, persuasión y control territorial que ni siquiera las Fuerzas Militares han logrado consolidar en décadas.

La seguridad jurídica está en llamas. Si no se corrigen estos alcances judiciales, Colombia se encamina a un aislamiento energético y económico. La justicia debe proteger a las comunidades, sin duda, pero no puede hacerlo a costa de la viabilidad de la industria que sostiene las finanzas públicas y el desarrollo regional del país.

El silencio de los sectores productivos ante esta decisión de la Corte debe terminar. Lo que hoy le sucede a Ecopetrol y Cenit en Nariño es la hoja de ruta que mañana se aplicará a cualquier sector que ose invertir en la Colombia profunda. Como gremio que mueve la energía de la nación, no podemos aceptar que se nos convierta en el escudo financiero de un Estado que no garantiza el orden público.

Si la industria debe asumir el papel de ejército, juez y proveedor de servicios públicos en medio de la guerra para poder operar, la viabilidad de nuestra actividad simplemente deja de existir. No se trata solo de petróleo; se trata de la supervivencia de la inversión formal frente a la anarquía territorial y la asfixia de un modelo económico que parece querer forzar su propio colapso.

¿Estamos dispuestos a permitir que la justicia colombiana firme el acta de defunción de nuestra industria energética, entregando la infraestructura estratégica del país al arbitrio de los grupos criminales y a la desidia institucional?

 

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