Colombia ante el riesgo de perder su autosuficiencia energética: ¿Qué está en juego?

 PhD Mario Fernando Zamora Santacruz

La reciente alerta emitida por la Contraloría General de la República sobre el deterioro progresivo de los principales indicadores de exploración en el sector de hidrocarburos debería encender todas las alarmas tanto en el Gobierno como en el sector privado y la ciudadanía.

La publicación del Informe de Reservas y Recursos Petroleros de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) confirmó que el país enfrenta una situación crítica: las reservas probadas de gas natural han caído un 13 %, reduciendo su horizonte de autosuficiencia de 6,1 a 5,9 años. En contraste, el leve aumento en las reservas de petróleo, que pasaron de 7,1 a 7,2 años, ha sido catalogado por la Contraloría como una “estabilidad aparente” y no una mejora estructural real.

Este panorama se vuelve aún más preocupante cuando se examina el origen de dichas reservas. De acuerdo con la ANH, durante el año 2024 solo se incorporaron 3 millones de barriles nuevos, lo que significa que por cada 100 barriles que se extraen, se descubre apenas uno nuevo.

Esto indica que el aumento reportado en las reservas proviene mayoritariamente de reevaluaciones sobre yacimientos ya existentes, no de nuevos descubrimientos. En otras palabras, Colombia no está expandiendo su frontera petrolera, sino dependiendo de reservas que, aunque útiles, no aseguran el futuro energético del país.

En cuanto al gas, el escenario es igual de preocupante: se incorporaron apenas 37 Giga Pies Cúbicos (GPC) frente a una producción anual de 351 GPC, lo que deja una relación de reposición de uno por cada diez extraídos.

Esta descompensación entre producción e incorporación podría comprometer de manera irreversible la capacidad del país para abastecerse con recursos propios en un futuro cercano. La advertencia es clara: si bien es positivo que se esté gestionando mejor lo existente, estas iniciativas tienen un alcance limitado y no sustituyen la necesidad urgente de descubrimientos nuevos.

La Contraloría ha sido enfática: no se puede confundir una reevaluación con un descubrimiento. Las nuevas reservas son las que realmente garantizan el crecimiento y la sostenibilidad del sector, mientras que las reevaluaciones dependen de factores coyunturales como los precios del crudo y los avances técnicos, sin representar un verdadero avance en exploración. Así las cosas, el país podría enfrentar un déficit de gas desde 2026 y uno de petróleo a partir de 2030, justo cuando la demanda de energía convencional sigue creciendo.

Frente a este escenario, el llamado del ente de control es urgente y categórico: Colombia aún está a tiempo de reorientar sus políticas públicas en materia de hidrocarburos, pero se requieren decisiones firmes, integrales y oportunas.

No hacerlo significaría poner en riesgo la autosuficiencia energética nacional en un momento en que la transición energética enfrenta serias limitaciones tanto técnicas como financieras. No se puede construir el futuro descuidando el presente, ni mucho menos renunciar a los recursos disponibles sin tener garantizadas las alternativas.

En este contexto, se suma la controversia en torno a Ecopetrol y su presidente Ricardo Roa, quien ha sido blanco de una campaña sistemática de desprestigio, según se denuncia públicamente. Este ambiente hostil no solo genera inestabilidad en la empresa más importante del país, sino que debilita la confianza institucional y el respaldo a una compañía que ha sido pilar del desarrollo nacional. Roa ha afirmado que la empresa enfrenta una “estrategia orquestada” para minar su credibilidad, algo que en este momento histórico resulta particularmente peligroso y contraproducente.

La defensa de Ecopetrol y del sector de hidrocarburos no es incompatible con la transición energética. Todo lo contrario: se trata de avanzar hacia una matriz energética más limpia y sostenible sin sacrificar la autosuficiencia ni la seguridad energética. Esto solo será posible con políticas coherentes, inversión en exploración, incentivos a la innovación y una visión pragmática que entienda las complejidades del sector.

La pregunta no es si Colombia debe avanzar hacia la transición energética, sino cómo hacerlo sin destruir las bases que hoy garantizan la energía que mueve al país. La exploración responsable, la reposición efectiva de reservas y el fortalecimiento institucional deben ser la base de cualquier política energética seria. La ciudadanía, los empresarios y el Estado tienen el deber de exigir una hoja de ruta clara, sostenible y realista que no condene a Colombia a la dependencia energética externa.

Desde el gremio del sector petrolero, hacemos un llamado urgente y fundamentado al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes a revisar con objetividad y responsabilidad el rumbo actual de la política energética del país. La evidencia técnica es clara: el ritmo de reposición de reservas no compensa la extracción actual, lo cual amenaza con socavar la autosuficiencia energética de Colombia en un plazo alarmantemente corto.

Como actores comprometidos con el desarrollo del país, no nos oponemos a la transición energética ni a la diversificación de la matriz energética; por el contrario, promovemos una transición responsable, justa y basada en la realidad nacional. Sin embargo, esa transición no puede construirse sobre la base de desincentivar la exploración y producción de nuestros propios recursos, ni de sustituir decisiones técnicas por ideologías políticas.

Reiteramos nuestra disposición para trabajar de manera conjunta con el Estado en la definición de una política pública integral que garantice el equilibrio entre sostenibilidad, seguridad energética y desarrollo económico. El país aún está a tiempo de actuar con responsabilidad y visión de futuro.

 

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