El destino del sector energético: balance y retos ante el nuevo escenario político

Por PhD Mario Fernando Zamora Santacruz

A tres semanas de la crucial segunda vuelta presidencial, Colombia se encuentra en una cuenta regresiva definitiva para su futuro económico. Tras los resultados electorales de este domingo 31 de mayo, el destino del sector energético ya no es un asunto de simple debate político, sino una decisión urgente sobre la estabilidad fiscal de la Nación, el abastecimiento de los hogares y la confianza de los mercados internacionales.

Las urnas han puesto frente a frente dos visiones completamente opuestas sobre el manejo de los recursos estratégicos. Por un lado, se plantea la continuidad de un modelo centrado en la transición radical y las restricciones a la actividad extractiva; por el otro, se propone el retorno inmediato a una política de producción petrolera intensiva para recuperar la autosuficiencia.

El peso de este sector en la economía nacional es contundente. Entre 2021 y 2024 la cadena de hidrocarburos representó en promedio el 31,9% de las exportaciones del país, atrajo el 15,1% de la inversión extranjera directa y aportó el 24% de los ingresos del Gobierno Central, cifras que demuestran la alta dependencia del presupuesto público frente a esta actividad.

La propuesta de Iván Cepeda busca mantener y profundizar la línea trazada por el gobierno actual. Su plan se enfoca en acelerar el desmonte de los combustibles fósiles, frenar la firma de nuevos contratos de exploración y mantener un veto definitivo al uso del fracking, bajo la premisa de mitigar el cambio climático y transformar la matriz productiva del país.

Sin embargo, el escenario económico real que recibirá el próximo mandatario es alarmante debido al debilitamiento de los indicadores clave. La inversión exploratoria en el país cayó de 1.290 millones de dólares en 2022 a un estimado de tan solo 740 millones de dólares para 2025, lo que representa una grave reducción del 42% en la búsqueda de nuevos recursos.

Esta contracción se refleja directamente en la actividad en el terreno, pues en 2024 sólo se perforaron 27 pozos exploratorios, un 36% menos que los registrados en 2023, una parálisis que frena la posibilidad de incorporar nuevos hallazgos y compromete la seguridad energética a mediano plazo.

Aunque Colombia cerró 2024 con reservas probadas de petróleo para 7,2 años y una reposición de 105 barriles por cada 100 producidos, la situación del gas natural es mucho más crítica, ya que las reservas probadas alcanzan para apenas 5,9 años de consumo.

De hecho, tras perder la autosuficiencia en diciembre de 2024, el país tuvo que recurrir a compras externas de emergencia y, entre enero y junio de 2025, Colombia ya importó cerca del 17% de la demanda total nacional de gas, una cifra que actualmente se ha elevado hasta rondar el 25% del mercado interno debido al impacto de las fuertes olas de calor.

Frenar la exploración de hidrocarburos en este momento de vulnerabilidad eleva el riesgo fiscal a niveles preocupantes. Ecopetrol perdería su principal fuente de ingresos por exportaciones, lo que afectaría directamente las transferencias para la inversión social y aumentaría la necesidad de comprar combustibles extranjeros costosos.

En la otra orilla del espectro político, Abelardo de la Espriella propone una reactivación total de la industria petrolera y gasífera. Su estrategia se basa en una fuerte reducción de trámites, la flexibilización de barreras regulatorias, el impulso prioritario a los proyectos en el mar Caribe y la viabilización de los pilotos en yacimientos no convencionales.

Esta visión busca recuperar la soberanía energética con un argumento puramente práctico. Desde esta perspectiva, Colombia no puede darse el lujo de gastar divisas comprando gas costoso en el exterior si tiene el recurso en su propio subsuelo para financiar el presupuesto nacional y fortalecer las finanzas de Ecopetrol.

No obstante, esta fórmula orientada al crecimiento intensivo también implica retos profundos que la industria evalúa con cautela. Un aumento acelerado de las operaciones sin un sólido consenso social y ambiental podría reabrir viejos conflictos territoriales, generar demandas legales en las regiones productoras y originar costos reputacionales para el país ante la comunidad internacional.

En medio de este choque de propuestas ideológicas, el reciente pronunciamiento de la Unión Sindical Obrera (USO) introdujo un fuerte sentido de realidad técnica al debate. Que el mayor sindicato de la industria petrolera defienda abiertamente la necesidad de proteger el negocio tradicional de la compañía estatal es un síntoma de la gravedad del panorama.

La USO ha advertido con contundencia que la sostenibilidad financiera de Ecopetrol y la estabilidad laboral en las regiones dependen por completo de seguir explorando, aumentar el factor de recobro mejorado en los campos existentes y desarrollar los yacimientos no convencionales. El sindicato pide una transición gradual y responsable, recordando que el petróleo y el gas seguirán siendo indispensables para la demanda interna durante las próximas décadas.

El gobierno que asuma el poder el próximo agosto recibirá un sector energético debilitado, con problemas estructurales acumulados, retrasos en la construcción de líneas de transmisión eléctrica y crisis financieras en el sector de servicios públicos aún sin resolver, como la compleja situación de deuda que afecta a la comercializadora Air-e en la costa Caribe.

Desde la perspectiva gremial, la política energética de un país no puede administrarse bajo dogmas políticos ni consignas de campaña. Colombia necesita que los dos candidatos presenten planes de ejecución realistas, viables y técnicamente sustentados en las tres semanas que quedan de campaña; proteger la producción local, garantizar el abastecimiento básico y asegurar el patrimonio de Ecopetrol es la única vía para evitar una crisis económica de escala nacional.

La situación del sector energético colombiano tras esta jornada electoral obliga a una profunda reflexión antes de acudir a las urnas para la contienda definitiva: el país debe elegir entre el riesgo inminente del desabastecimiento o la recuperación estratégica de la industria.

Al revisar en detalle las propuestas de Iván Cepeda, su insistencia en el veto al fracking y su visión de dejar de trabajar de manera drástica con los hidrocarburos amenazan con agudizar la disminución de las opciones exploratorias de gas y petróleo que ya padece el territorio nacional.

Frente a este panorama, las posibilidades planteadas por Abelardo de la Espriella se abren como una ruta para recuperar empleos técnicos perdidos, atraer mayores niveles de inversión extranjera y blindar las finanzas públicas.

Como trabajadores de la industria, somos plenamente conscientes de que el sustento de miles de familias y la estabilidad de las regiones dependen del crudo y el gas; por ello, nuestro compromiso y voto deben orientarse de manera responsable a elegir el camino que garantice el crecimiento operativo, la viabilidad financiera y el mejor futuro para nuestro sector.

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