IVA a combustibles, aportes a seguridad social e impulso a energías renovables son algunos de los puntos de la iniciativa.

El gobierno del presidente Gustavo Petro llevó al Congreso colombiano su último intento de implementar una reforma tributaria este martes 21 de julio de 2026. Según algunos juristas, la estimación es que, para 2027, en caso de que la reforma entre en vigor, el efecto fiscal asociado al sector minero-energético se ubicaría entre $3,5 billones y $4 billones, equivalentes a 18 % o 20 % del recaudo de la reforma.

De esta suma, cerca de $1 billón sería carga directa sobre las empresas extractivas, es decir, de petróleo y carbón, mientras que el resto provendría de impuestos indirectos recaudados a través de la cadena de combustibles.

“Este valor sería soportado económicamente por las compañías minero-energéticas, ya que una proporción importante se trasladaría al transportador, las industrias, comercios y consumidores mediante el precio de los combustibles”, expresó el abogado tributarista Carlos Rodríguez, socio fundador de Esquerra JHR.

Otro de los cambios sería el IVA (Impuesto al Valor Agregado) sobre combustibles. La nueva tributaria propone un incremento de 10 % en 2027 sobre el IVA al ingreso del productor de gasolina y diésel, aplicando una tarifa general de 19 % desde 2028. También se gravarían algunos biocombustibles y se completaría un esquema de IVA a lo largo de la cadena de la gasolina. El gobierno Petro estima que el recaudo por estas medidas se ubicaría en $3,61 billones en 2027 y $7,52 billones en 2028.

¿Es posible que el Gobierno recaude las metas de la tributaria?

El jurista señaló que no sería posible recaudar $21,9 billones previstos para 2027, puesto que el Gobierno realiza estimaciones con ejercicios estáticos que no incorporan de manera completa menores niveles de consumo, cambios en la contratación laboral, sustitución de combustibles, saldos a favor de IVA, utilización de descuentos, implementación administrativa y litigios.

Según explicó, otra de las medidas que tendrían mayor efecto, en caso de que la reforma se materialice, serían aquellas relacionadas con mecanismos de recaudo relativamente controlables, como la PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes) o los aportes a seguridad social y la tributación sobre combustibles.

Añadió que la reforma sería insuficiente por sí sola para solucionar el desequilibrio estructural de las finanzas públicas, pues el recaudo proyectado para 2027 sería inferior al faltante de $32,1 billones que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) había identificado para cumplir el escenario fiscal de 2026.

Impacto en la nómina 

Como se señaló anteriormente, entre las medidas con mayor efecto sobre el flujo de caja de las compañías también se encuentra la reducción del umbral de exoneración del Estatuto Tributario. Actualmente, esta exoneración aplica para empleados que ganan menos de 10 salarios mínimos, pero el proyecto la limitaría a quienes devenguen menos de tres salarios mínimos.

Lo anterior tendría como consecuencia que las empresas comiencen a pagar mensualmente los aportes a salud (8,5 %), 3 % al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 2 % al SENA, lo que representa un costo adicional potencial del 13,5 % sobre la nómina impactada.

“Este sería el mayor impacto de caja porque no depende de que la empresa genere utilidades y se pagaría mensualmente mediante la PILA. El Gobierno estimó un efecto fiscal de $8,53 billones en 2027, equivalente aproximadamente a 39 % del total esperado de la reforma. Para compañías intensivas en trabajo calificado administrativo, esta medida podría ser incluso más relevante que cualquier incremento en el impuesto sobre la renta”, expresó el abogado Rodríguez.

Puntos a favor de las energías renovables

El proyecto también propone convertir la exclusión del IVA para ciertos bienes y servicios destinados a fuentes renovables de energía en una exención, con la finalidad de que los productores nacionales recuperen el IVA pagado en los insumos para la construcción de los proyectos. También contempla un bono fiscal para inversiones en este tipo de iniciativas, con un costo fiscal de $507.000 millones para 2027, lo que mejoraría el flujo de caja de las compañías de proyectos renovables y avanzaría en el impulso de la transición energética.

Mientras que Michelle Visbal, socia de Serrano Martínez CMA y experta en derecho tributario, expresó que también está el impuesto especial de 1 % sobre exportaciones o primeras ventas de hulla y crudo. Lo anterior se aplicaría a contribuyentes con renta líquida igual o superior a 50.000 UVT.

“Llama la atención los posibles efectos adversos de la reforma sobre el crecimiento económico, especialmente en el sector minero-energético, que podrían limitar la dinámica de recaudo más allá del corto plazo. Aunque se proyecta un aumento inicial en el recaudo, estimo que, en un horizonte temporal más amplio, la reforma podría desincentivar tanto la inversión como el ahorro”, adicionó.

¿La tributaria tiene futuro en el Congreso?

Con base en lo manifestado por algunos miembros del Congreso, el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella podrá retirar el proyecto o modificarlo. Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara, expresó que hay pocas posibilidades de que la iniciativa culmine con éxito en el Legislativo. Añadió que el incremento del IVA a la gasolina llevaría a mayores precios de este combustible.

“No diría que no hay consenso en el Congreso, porque apenas se instaló ayer (20 de julio). Pero vería pocas probabilidades de éxito de un gobierno que termina para que se le apruebe una reforma tributaria. Por el contrario, estaríamos mejor viendo qué tipo de reforma estructural, con el nuevo gobierno, se puede planear y sacar adelante”, mencionó.

El congresista añadió que este proyecto no torpedea ni afecta la gestión del nuevo gobierno de De la Espriella. Incluso explicó que este puede solicitar suspender su estudio, ya que para el 7 de agosto es poco probable que exista una ponencia para la reforma.

En cuanto a las modificaciones que podría implementar el nuevo gobierno, como una eventual reducción de impuestos, Pérez dijo que es más fácil que el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presente una nueva iniciativa en lugar de transformar la radicada por el gobierno Petro.

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