El precio de la dependencia: el gas importado aumenta la inflación y golpea a los hogares

Por PhD Mario Fernando Zamora Santacruz

La dinámica inflacionaria registrada en octubre de 2025 volvió a poner en evidencia un fenómeno que, aunque silencioso, se ha convertido en uno de los determinantes estructurales del comportamiento de los precios en Colombia: el creciente peso del gas natural importado dentro de la canasta energética y su efecto directo en el índice de precios al consumidor.

Mientras la electricidad y los combustibles líquidos mostraron variaciones moderadas en el mes, el gas se consolidó como el componente con mayor incremento, lo que revela una transformación más profunda en la matriz de abastecimiento del país y en la forma como los hogares están siendo impactados por la pérdida de autosuficiencia gasífera.

Los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística confirmaron que el comportamiento del gas natural fue significativamente más alto que el de cualquier otro servicio energético. La electricidad registró una variación anual de apenas 0,52 %, con un comportamiento mensual de 0,44 % y un acumulado en el año corrido de -1,81 %, lo que ratifica la estabilidad relativa que ha caracterizado a este servicio pese a las presiones tarifarias derivadas de fenómenos climáticos y regulatorios.

Los combustibles para vehículos, por su parte, mostraron una variación anual del 2,11 % y una mensual de 0,17 %, contribuyendo en solo 0,07 puntos porcentuales a la inflación total. Sin embargo, el gas presentó una variación anual del 13,28 %, con una contribución de 0,15 puntos porcentuales al índice general, convirtiéndose en el rubro de mayor peso inflacionario dentro de la canasta energética.

Este comportamiento no es producto de una fluctuación transitoria, sino de un cambio estructural en el sistema de suministro nacional. Desde diciembre de 2024, Colombia pasó de ser un país autosuficiente en gas natural a uno dependiente de las importaciones que llegan a través de la Sociedad Portuaria El Cayao, SPEC, ubicada en Cartagena y operada por Promigas. El gas importado se destina prioritariamente a la llamada demanda esencial, que incluye a los hogares y pequeños comercios, segmentos caracterizados por su alta sensibilidad a los precios y por un consumo difícilmente reemplazable en el corto plazo.

Esta transición ha generado una presión alcista inevitable sobre las tarifas, dado que el gas adquirido en el mercado internacional debe competir con precios globales que en los últimos años han sido particularmente volátiles, debido a tensiones geopolíticas, restricciones logísticas y variaciones en la demanda de los principales bloques económicos.

A este desafío se suma un comportamiento preocupante en la oferta interna. Expertos como Sergio Cabrales han señalado que, además del mayor peso del gas importado, también se está registrando un encarecimiento del gas nacional.

Esto ocurre en un contexto donde el país no ha logrado avanzar en nuevos proyectos de exploración y explotación, lo que ha provocado que los campos en operación entren paulatinamente en fases de declinación. La ausencia de nuevos desarrollos limita la disponibilidad del recurso y amplifica la presión sobre los precios domésticos. De esta manera, el mercado interno no solo se ha vuelto más dependiente de las importaciones, sino que además ha perdido capacidad para estabilizar los precios frente a choques externos.

El impacto de esta combinación de factores se refleja de manera directa en el comportamiento general de la inflación. En octubre, el indicador se ubicó en 5,51 %, marcando el cuarto aumento consecutivo desde junio y manteniéndose por encima del 5 % desde agosto. Este comportamiento interrumpe las expectativas de desaceleración que se mantenían a mediados del año y obliga a una revisión profunda de las variables que están alimentando la persistencia inflacionaria.

El papel del gas como un componente de peso dentro de la inflación energética y su capacidad de contagio hacia otros sectores refleja la importancia que tienen las decisiones de política energética en la estabilidad macroeconómica del país.

El Banco de la República ha reiterado que mantendrá una postura de cautela en materia de tasas de interés, particularmente mientras persistan riesgos inflacionarios asociados a bienes y servicios con alto peso dentro del consumo de los hogares. En ese sentido, el comportamiento del gas se convierte en un elemento crítico para la evaluación monetaria.

La dependencia de las importaciones incrementa la exposición del país a la volatilidad internacional, lo cual complica la tarea del emisor en su propósito de llevar la inflación nuevamente hacia la meta del 3 %. Mientras los factores estructurales que explican el encarecimiento del gas no sean corregidos, es probable que el banco central mantenga su tasa de política en niveles restrictivos, prolongando un escenario de condiciones financieras apretadas para empresas y hogares.

Aunque instituciones como Corficolombiana han proyectado que la inflación podría comenzar a ceder hacia 2026, dichas perspectivas dependen en gran medida de que se mitiguen las presiones provenientes del sector energético.

 Es difícil pensar en una senda de desaceleración sostenida si el país continúa dependiendo de cargamentos de gas importado para abastecer la demanda esencial. Además, la falta de desarrollo de nuevos campos de producción limita la capacidad del mercado interno para absorber posibles incrementos en la demanda o para estabilizar los precios frente a alteraciones externas.

La escena actual invita a reflexionar sobre la necesidad impostergable de replantear la política energética del país. La discusión no puede seguir concentrándose únicamente en la transición energética o en debates ideológicos sobre el papel de los hidrocarburos.

La evidencia económica es clara: la pérdida de autosuficiencia gasífera tiene consecuencias tangibles sobre el bienestar de los hogares, sobre la competitividad de las empresas y sobre la estabilidad macroeconómica. Es indispensable adoptar una visión pragmática que reconozca la importancia del gas natural como un recurso estratégico en la transición energética, tanto por su eficiencia como por su capacidad de servir como fuente de respaldo para sistemas eléctricos crecientemente basados en renovables.

Colombia necesita recuperar capacidad de producción interna y fortalecer su infraestructura de transporte, almacenamiento y regasificación. Los procesos de aprobación ambiental y contractual deben ser más ágiles, sin sacrificar los estándares técnicos ni la seguridad industrial, pero reconociendo que la inacción tiene un costo económico que ya está siendo transferido a los usuarios. La dependencia de las importaciones puede ser una herramienta temporal, pero nunca debería convertirse en la base del sistema energético nacional.

La evidencia mostrada por el DANE en octubre es un recordatorio de que las transformaciones silenciosas en el sector energético terminan manifestándose con fuerza en la inflación, en las tarifas y en las decisiones de política monetaria. Ignorar estas señales solo ampliará los costos en el mediano plazo.

La discusión ya no es si el país debe actuar, sino cuánto tiempo puede darse el lujo de no hacerlo. El comportamiento del gas natural está enviando una advertencia clara: sin decisiones estratégicas y de largo plazo, los consumidores seguirán pagando el precio de una política energética desarticulada, y el país continuará expuesto a los vaivenes de un mercado internacional volátil y competitivo.

 

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