Chevron navega tensiones políticas para mantener operaciones en Venezuela

Chevron navega las tensiones políticas entre Washington y Caracas para mantener su operación en Venezuela.

Chevron ha regresado a Venezuela, pero el movimiento puede resultar problemático dadas las fricciones en las relaciones EE.UU.–Venezuela. Lo que parece a primera vista una compañía petrolera recuperando terreno perdido podría ser de hecho otro intento fallido de normalizar la producción petrolera en Venezuela, empañado por juegos políticos de alto riesgo.

Este escenario comenzó en 2019 cuando la administración Trump impuso sanciones a PDVSA, prohibiendo a empresas estadounidenses comerciar con la estatal venezolana. Las importaciones se paralizaron, forzando a Venezuela a depender de mercados asiáticos mientras su infraestructura se deterioraba. 

En 2022, el Tesoro estadounidense permitió a Chevron reiniciar trabajos en sus empresas conjuntas venezolanas – Petroboscán (40%), Petroindependiente (25%), Petropiar (30%), y Petroindependencia (alrededor de 35%). La exención vino con condiciones estrictas: los ingresos solo podían usarse para cubrir costos operativos o pagar miles de millones de dólares en atrasos que PDVSA le debía a Chevron, en forma de dividendos no pagados, reembolsos de costos y préstamos para desarrollo de proyectos. No se permitió que las finanzas llegaran a PDVSA o al gobierno central.

Bajo este esquema, el sector petrolero venezolano mostró recuperación. La producción aumentó de 715.000 barriles por día en 2022 a 900.000 a principios de 2025, mientras las importaciones estadounidenses crecieron de 75.000 a casi 300.000 barriles diarios para diciembre de 2024.

Chevron obtuvo acceso a crudo pesado con descuento bien adaptado a su sistema de refinación, y PDVSA se benefició de la experiencia extranjera y una salida de exportación legal que consolidó sus operaciones. Además, el gobierno venezolano comenzó a recibir el equivalente a regalías de Chevron en producción incremental que también podía enviar hacia los mercados asiáticos.

La situación cambió con el retorno de Trump a la presidencia en 2025. En febrero revocó la licencia de Chevron e impuso aranceles a países que compren petróleo venezolano. Para mayo, se autorizó una operación limitada para proteger activos, pero sin permitir exportaciones. En julio, el Tesoro emitió discretamente una nueva licencia que permitía reanudar operaciones sin pagos directos a Venezuela. Para agosto, las importaciones estadounidenses habían reaparecido con 84.000 barriles diarios.

Durante la ausencia de Chevron en junio-julio, la producción venezolana se mantuvo estable en 1,1 millones de barriles diarios según cifras oficiales, aunque posiblemente incluyendo condensados. Las exportaciones se sostuvieron en 700.000 barriles diarios, principalmente hacia China.

La viabilidad económica es clara: los costos de producción venezolanos ($30-35 por barril) son inferiores a los precios actuales. Las refinerías de Chevron, especialmente Pascagoula, están adaptadas para procesar este crudo pesado. Los primeros cargamentos post-autorización confirmaron este flujo, y datos indican que Chevron revende parte del crudo a refinerías de Valero.

La naturaleza del crudo venezolano añade complejidad: requiere mezcla con nafta para su transporte. Cuando se interrumpieron las exportaciones a EE.UU., las importaciones de nafta cayeron a mínimos, recuperándose con el retorno de Chevron. Notablemente, Rusia ha reemplazado a EE.UU. como principal proveedor de diluyente, sugiriendo que Chevron podría considerar la actual autorización como medida temporal.

Para Venezuela, el papel de Chevron es indispensable, las operaciones de la petrolera estadounidense han apuntalado la frágil recuperación de producción de Venezuela y han proporcionado un salvavidas de volúmenes de exportación incrementales. Incluso la breve suspensión en junio-julio socavó las finanzas de PDVSA y destacó su dependencia del know-how de Chevron para mantener los campos en la Faja del Orinoco en funcionamiento.

La administración Trump ha intensificado su postura, vinculando sanciones con narcotráfico y migración. En septiembre de 2025 declaró a Venezuela como país fallido en control de drogas, días después de ataques a embarcaciones venezolanas.

Considerando la disminución de importaciones mexicanas, es probable que Chevron mantenga su licencia restringida durante 2025, enviando parte de sus volúmenes de participación venezolanos a Pascagoula y revendiendo algunos barriles a Valero. No obstante, cualquier nueva confrontación política podría suspender las operaciones, demostrando que, para la actual administración estadounidense, los factores económicos siguen subordinados a consideraciones políticas.

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