El dilema del gas en Colombia: entre el potencial en el Caribe y el déficit en los hogares

Por PhD Mario Fernando Zamora Santacruz

Colombia, un país que durante más de cuatro décadas se enorgulleció de su autosuficiencia gasífera, enfrenta hoy una crisis silenciosa que amenaza la estabilidad de su economía y el bolsillo de millones de hogares.

Lo que fue un motor de seguridad energética y productividad, se ha convertido en un desafío de magnitudes históricas, con tarifas que se disparan y la sombra de un desabastecimiento latente.

Un reciente informe de Fedesarrollo, elaborado por los investigadores Sergio Cabrales y Juan Benavides, ha puesto de manifiesto la gravedad de la situación, argumentando que este déficit era un "problema evitable" y el resultado directo de una década de decisiones fallidas, omisiones regulatorias y un entorno de inversión cada vez más adverso.

Entre 2012 y 2023, las reservas probadas de gas natural del país se redujeron a menos de la mitad, pasando de 5.727 giga pies cúbicos (GPC) a 2.373 GPC. Esta declinación constante culminó en un hito alarmante el 1 de diciembre de 2024, cuando por primera vez en 45 años, la producción doméstica de gas no fue suficiente para cubrir la demanda interna.

La respuesta inmediata fue la importación de gas, pero a un costo que triplica los precios locales, disparando las tarifas y comprometiendo la competitividad. Este diagnóstico, lejos de ser un fenómeno inesperado, es la consecuencia de una serie de factores interconectados que han minado la capacidad del país para reponer sus reservas.

El informe de Fedesarrollo identifica seis causas principales para este desenlace. En primer lugar, la actividad exploratoria ha colapsado, pasando de más de 110 pozos perforados al año entre 2010 y 2014, a solo 34 en 2024.

Este freno en la búsqueda de nuevos recursos se vio agravado por una mayor carga fiscal tras la reforma tributaria de 2022, que elevó el government take a más del 80 %, desincentivando la inversión privada.

Adicionalmente, la complejidad y lentitud de los trámites regulatorios, como las licencias ambientales y las consultas previas, han encarecido y retrasado proyectos por años. La inseguridad en los territorios de operación, con más de 2.700 bloqueos y 70 ataques a infraestructura en los últimos dos años, ha exacerbado los costos y riesgos, llevando al retiro de multinacionales como ExxonMobil y BP.

Finalmente, la concentración del mercado en manos de Ecopetrol, que controla más del 80 % de la producción, ha limitado la competencia.

El impacto de este déficit se siente con más fuerza en los hogares y la economía real. Más de 11 millones de familias que dependen del gas natural para sus necesidades diarias podrían ver sus facturas aumentar hasta en un 90 % en las principales ciudades del interior del país si la canasta de suministro se compusiera totalmente de gas importado. Este escenario no solo amenaza la estabilidad económica de los hogares, sino que también pone en jaque el esquema de subsidios cruzados que protege a los estratos más vulnerables.

Por otro lado, la crisis golpea a sectores estratégicos como el cemento, el acero y la industria de alimentos, que ven reducida su competitividad frente a otros países de la región debido al encarecimiento de un insumo vital para sus procesos productivos.

La escasez de gas no solo genera presiones económicas, sino que también amenaza la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Alrededor del 10 % de la energía de Colombia proviene de plantas térmicas que funcionan con gas. En un escenario crítico, la falta de este combustible podría abrir la puerta a racionamientos de gas y cortes de electricidad a nivel nacional, un retroceso que el país no había experimentado en décadas.

La situación es, en palabras de los analistas de Fedesarrollo, una "oportunidad perdida". Colombia aún cuenta con un potencial gasífero considerable, como lo demuestran los descubrimientos en aguas profundas del Caribe. Sin embargo, el desarrollo de estos proyectos, que podrían duplicar las reservas actuales, continúa enfrentando los mismos obstáculos regulatorios y sociales que llevaron a la crisis actual.

En definitiva, la crisis del gas en Colombia es más que un problema de reservas. Es el reflejo de un dilema político y económico donde el país se ha embarcado en una transición energética con la mirada fija en el futuro, pero descuidando la base que sostiene su presente.

La inacción ha transformado un problema de oferta en una crisis de costo y seguridad. La pregunta crítica ya no es si el gas natural es un combustible de transición, sino si la nación puede permitirse el lujo de no explotar sus propios recursos.

El camino hacia una verdadera sostenibilidad no puede construirse a expensas de la competitividad industrial ni del bienestar de 11 millones de hogares. El llamado es a un liderazgo pragmático que trascienda el debate ideológico para agilizar la exploración, incentivar la inversión y optimizar los procesos.

La seguridad energética no es un lujo, sino la base sobre la cual se puede construir el desarrollo social. La única factura que el país no puede pagar es la de su propia parálisis.

 

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