Procuraduría vincula a directivos de Ecopetrol en investigación por polémico contrato con firma estadounidense

La decisión se da luego de que el director corporativo, Alberto José Vergara Monterrosa, mencionara a ambos directivos en su testimonio, señalando que las decisiones relacionadas con este proceso se tomaron bajo instrucciones de la junta y con la supervisión directa de una Comisión Especial conformada para este fin.

Contexto del contrato de Ecopetrol

El caso comenzó el 29 de agosto de 2024, cuando Ecopetrol aprobó un contrato inicial con Covington & Burling LLP por US$875.000. El objetivo era evaluar los riesgos legales derivados de investigaciones que avanzaban en Estados Unidos, entre ellas las relacionadas con la compra de un apartamento —conocido como el apartamento 901— en el que se vio involucrado el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a través de una empresa vinculada al inversionista Serafino Iacono.

Sin embargo, el 31 de diciembre de 2024 se suscribió un otrosí que amplió significativamente el objeto del contrato, abarcando nuevos frentes de investigación y multiplicando su valor hasta US$5,8 millones, lo que despertó críticas internas y externas sobre la falta de transparencia en el proceso y la forma en la que se autorizó la adición de recursos.

De acuerdo con la Procuraduría, la investigación busca determinar si la junta directiva de Ecopetrol, y en particular Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, actuaron dentro del marco legal y los procedimientos internos de la empresa.

El Ministerio Público tiene la tarea de establecer si existieron fallas en la planeación, aprobación y ejecución del contrato, así como posibles faltas disciplinarias por omisión o extralimitación de funciones. También se revisará si las decisiones relacionadas con el otrosí fueron debidamente documentadas y autorizadas por toda la junta o si se tomaron de manera parcial y con información restringida, como han alegado algunos miembros que afirmaron haberse enterado tarde de la magnitud de los cambios.

En su testimonio, Alberto José Vergara entregó correos electrónicos y comunicaciones internas que, según él, evidencian que las instrucciones para avanzar con la firma estadounidense fueron verbales y que recibió directrices de la Comisión Especial conformada por Torres Macías y García Realpe para supervisar el proceso.

Este material probatorio fue clave para que la Procuraduría diera el paso de vincular a ambos directivos, quienes ya habían declarado en la etapa preliminar pero no habían sido formalmente incluidos en la investigación. Ahora deberán comparecer en versión libre ante el Ministerio Público, donde podrán presentar sus explicaciones y defensa con el acompañamiento de sus abogados.

La Procuraduría deberá definir, con base en los testimonios y documentos recopilados, si se configuraron faltas graves que puedan derivar en sanciones, las cuales podrían ir desde la suspensión hasta la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Mientras tanto, la investigación sigue abierta y no se descarta que otros miembros de la junta sean llamados si se encuentran evidencias adicionales.