Reforma tributaria mantiene impuestos a petróleo y carbón e impulsa incentivos a energías renovables

El proyecto tiene como meta seguir implementando el impuesto especial a la extracción de petróleo y carbón, que está en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, a causa del decreto de conmoción interior del Catatumbo.

César Cermeño, socio de la firma Martínez Quintero Mendoza González Laguado & de La Rosa, expresó que esa medida tenía un carácter temporal; sin embargo, el Ejecutivo desea convertirla en permanente, con una meta de recaudo de $869.000 millones para 2026 y $1,1 billones en 2030.

“Esto demuestra que la medida de emergencia nunca tuvo la finalidad de conjurar la grave perturbación del orden público que se está viviendo en el Catatumbo, sino un hambre de recaudo para tapar la crisis fiscal del país. Llama la atención que, salvo pequeños detalles, la norma recoge la versión del decreto de excepción que ha generado debates interpretativos, incluso analizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que no son superados en esta propuesta”, enfatizó.

De esta manera, se busca que el gravamen transitorio que se aplicó por la conmoción sea permanente, con un tributo de 1 % sobre la primera venta o comercialización al exterior de petróleo y carbón.

¿Cómo sería el recaudo del impuesto de la tributaria?

Tanto las personas naturales como jurídicas que exporten tramitarán el proceso con la DIAN. De esta forma, sería la entidad tributaria la que impondría sanciones y liquidación de impuestos.

La ponencia de la reforma tributaria también incluye un tributo al carbono en energéticos, considerando sus emisiones de gas de efecto invernadero. La tarifa sería de $42.609 para 2026 por tonelada de carbono equivalente; mientras que la actual es de $27.399.

No obstante, habría gradualidad en el impuesto al carbón dentro de este rubro. Para este energético, se aplicaría así:

• 2026: 40 % del valor de la tarifa plena.
• 2027: 60 % del valor de la tarifa plena.
• 2028: 80 % del valor de la tarifa plena.
• 2029 y siguientes: tarifa plena.

Los cambios en comparación con el primer proyecto

Clara Inés Ramírez, exsubdirectora de fiscalización internacional de la DIAN y docente universitaria, señaló que el proyecto original incluía tres frentes: el primero era más impuestos al petróleo, el gas y el carbón, un nuevo impuesto especial a la extracción de estos energéticos y estímulos a las fuentes renovables.

La experta señaló que el gas licuado de petróleo y el gas natural, excepto para el consumo en el sector residencial y térmico, estarían también gravados con el impuesto.  

“Con esta medida se espera recibir en recaudo $617.000 millones en 2026 y $929.000 millones en 2030”, expresó luego.

María Alejandra Buitrago, abogada y socia de Capra Legal, dijo que se eliminó la propuesta de una sobretasa de hasta 15 % a las sociedades que extraen carbón. Luego planteó que el texto no trae ninguna modificación en este segmento. De esta forma, permanece en hasta 10 %.

“Tampoco hay cambios en las propuestas para modificar los beneficios tributarios para las actividades de generación de energía a partir de fuentes no convencionales. Estas se mantienen en los mismos términos”, explicó.

Incentivos a inversiones en energías renovables

En contraste con todo lo anterior, el Gobierno y los partidos del oficialismo pretenden dar alivios a las energías renovables. En la ponencia se manifestó que quien haga inversiones en este rubro o gestione eficientemente la energía podría expedir bonos de transición energética que confieren deducir 50 % de la inversión realizada.

Sin embargo, para contar con esto se requeriría una certificación de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). A lo que se adicionó que el bono tendría una usabilidad de 15 años contados a partir del año siguiente a la entrada en operación de la inversión. A todo este panorama se añadió que los procesos para fuentes renovables (eólica y solar) estarán exentos del IVA.

Ramírez afirmó que “se cambia la “exclusión” por “exención” para equipos de inversión y reinversión en generación con fuentes alternativas, garantizando derecho a devolución de saldos a favor que se pudieran generar. Esta medida representa un sacrificio fiscal de recaudo de $110.000 millones en 2026 y $140.000 millones en 2030, pero que sería una acción coherente con la política de transición energética y deja en las mismas condiciones a los bienes extranjeros y a los bienes nacionales”.

¿Qué dicen desde el Congreso y el Gobierno?

La representante a la Cámara y miembro de las comisiones económicas, Saray Robayo, manifestó que la ley de financiamiento incluye medidas que afectan a los hogares colombianos, como el aumento del impuesto al carbono. Para ella, esto se traducirá en un incremento en los servicios públicos.

Argumentó que aumentaría en 97 % el valor del impuesto al carbono para el gas, señalando que este energético es consumido principalmente por la población de estratos 1 y 2. Añadió que este impuesto, sumado al que se aplica al carbón, haría que en una época de sequía aumente el recibo de la luz.

Enrique Cabrales, senador y presidente de la Comisión Cuarta, manifestó que este proyecto tributario grava ingresos sin reconocer costos para el sector energético, “afectando exportaciones y castigando sectores agravados con sobretasas”.

Pese a todas estas declaraciones, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha dicho en múltiples ocasiones que esta ley de financiamiento pretende cubrir un presupuesto que es altamente inflexible, y que además busca generar incentivos para la transición energética y aplicar la progresividad en las finanzas públicas, es decir, que quienes tengan más, paguen más.