¡El apagón petrolero hace que Colombia pierda su futuro energético!

El gobierno nacional ha reafirmado su postura contra el fracking en Colombia y ha dado un paso más al solicitar la venta de las operaciones que Ecopetrol mantiene en Estados Unidos. Esta decisión ha generado un fuerte debate dentro del sector petrolero y en el ámbito económico del país.

La solicitud de venta de los activos de Ecopetrol en la cuenca del Pérmico, Texas y Nuevo México, ha sido recibida con escepticismo por parte de la industria.

Estas operaciones representan una de las inversiones más rentables para la compañía estatal, con un margen EBITDA superior al 85% y una generación acumulada de casi 400 millones de dólares desde su inicio en 2019.

La producción en esta región alcanza los 95.200 barriles de petróleo diarios, lo que representa aproximadamente el 12% del total de Ecopetrol.

Su postura se alinea con su agenda ambiental y su promesa de campaña de proteger los recursos naturales del país. El fracking, una técnica utilizada para extraer hidrocarburos de yacimientos no convencionales ha sido objeto de controversia debido a sus posibles impactos ambientales y sociales.

En febrero de 2025, el Gobierno envió un mensaje de urgencia al Congreso de la República, solicitando prioridad en el trámite del proyecto de ley que busca prohibir el fracking en el país.

Esta iniciativa ya ha enfrentado obstáculos en el pasado; en la legislatura anterior, el proyecto se estancó y no fue discutido en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, lo que llevó a su archivo. A pesar de estos desafíos, la administración Petro continúa insistiendo en la necesidad de legislar en contra de esta práctica.

Los opositores al fracking argumentan que esta técnica representa una amenaza significativa para el medio ambiente y la salud pública. Estudios han señalado que el fracking puede contaminar fuentes de agua potable debido al uso de químicos en el proceso de extracción.

Además, se ha asociado con la emisión de gases de efecto invernadero, contribuyendo al cambio climático. La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, ha destacado que prohibir el fracking es esencial para cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones y proteger los ecosistemas locales.

Sin embargo, la prohibición del fracking también plantea desafíos económicos. Colombia ha dependido históricamente de la explotación de hidrocarburos como fuente de ingresos y energía.

La transición hacia fuentes de energía más limpias requiere inversiones significativas y una reestructuración de la economía energética del país. Además, la incertidumbre en los mercados internacionales del petróleo y la posible disminución de reservas nacionales de gas natural añaden complejidad al panorama energético. Analistas han advertido que, sin una estrategia clara para aumentar la producción nacional o diversificar las fuentes de energía, Colombia podría enfrentar desafíos en su seguridad energética en el futuro cercano.

El gremio petrolero ha manifestado su preocupación ante la posible prohibición del fracking. Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), ha señalado que, en momentos en que las reservas petroleras del país vienen disminuyendo, es necesario adoptar tecnologías como el fracking para aumentar dichas reservas y garantizar la autosuficiencia energética.

Lloreda argumenta que no aprovechar los recursos disponibles en el subsuelo sería un desperdicio, especialmente cuando la demanda energética sigue en aumento.

Conjuntamente, se destaca la importancia de desarrollar más proyectos de exploración y producción de hidrocarburos para mantener la estabilidad económica y energética del país.

La industria petrolera ha sido una fuente significativa de ingresos fiscales y generación de empleo en Colombia. La implementación de proyectos de fracking podría contribuir a revitalizar el sector, atraer inversiones extranjeras y fortalecer la economía nacional.

No obstante, es fundamental que estos proyectos se realicen bajo estrictas regulaciones ambientales para minimizar los posibles impactos negativos en el medio ambiente y las comunidades locales.

El debate legislativo sobre la prohibición del fracking no solo se centra en los aspectos ambientales, sino también en las implicaciones económicas y sociales de una transición energética.

Es fundamental que el Congreso considere todas las aristas del tema, incluyendo la protección del medio ambiente, la salud pública, la seguridad energética y el bienestar económico de las comunidades afectadas.

La construcción de consensos entre las diferentes bancadas y sectores de la sociedad será clave para lograr una legislación equilibrada que refleje los intereses y preocupaciones de todos los colombianos.

La insistencia del Gobierno de Gustavo Petro en prohibir el fracking en Colombia refleja una visión de desarrollo sostenible que prioriza la protección ambiental y la salud pública. Sin embargo, la implementación de esta política requiere un enfoque equilibrado que también considere las realidades económicas y energéticas del país. El éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad del Gobierno y del Congreso para articular una estrategia integral que promueva una transición energética justa y sostenible, garantizando al mismo tiempo la seguridad energética y el desarrollo económico de Colombia.

A nivel global, el fracking sigue siendo una tecnología clave para garantizar el suministro de energía. En países como Estados Unidos, esta técnica ha permitido la reducción de la dependencia de importaciones de petróleo y gas, convirtiéndolo en uno de los principales exportadores de hidrocarburos del mundo.

Para Colombia, renunciar a esta tecnología sin contar con una alternativa viable podría generar un déficit en el abastecimiento de combustibles en el mediano y largo plazo.

El gobierno Petro argumenta que la venta de las operaciones de fracking en EE. UU. permitirá financiar la transición hacia energías renovables en Colombia. Sin embargo, expertos en energía y economistas advierten que esta transición requiere inversiones de largo plazo y que, en el corto plazo, el país no puede prescindir de los ingresos provenientes de los hidrocarburos.

La decisión final sobre la venta de estas operaciones dependerá de las deliberaciones entre el gobierno, la junta directiva de Ecopetrol y otros actores clave en el sector. Lo cierto es que este debate refleja el desafío de encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la estabilidad económica de Colombia, en un contexto donde el petróleo sigue siendo un recurso fundamental para el desarrollo del país.

 Por: Mario Zamora S. 

Etiquetas