El desafío energético de Colombia: ¿una correcta paradoja entre transición y soberanía?

PhD Mario Fernando Zamora Santacruz

En el último año, Colombia logró frenar la caída de sus reservas petroleras, ajustando ligeramente su vida útil, que actualmente se estima en apenas 7,2 años.

Sin embargo, durante el actual Gobierno se ha reducido en más de un año la expectativa de vida de estas existencias, reflejando el alto costo de no suscribir nuevos contratos de exploración.

Aunque el hallazgo del pozo Lorito en el Meta aporta una señal positiva, lo cierto es que los nuevos descubrimientos no compensan, por ahora, la falta de políticas activas para asegurar el reemplazo de reservas.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha confirmado que entre 2023 y marzo de 2025 no se firmó ningún contrato adicional de exploración. En contraste, países como Brasil han suscrito más de 180 contratos en el mismo periodo, evidenciando un rezago que afecta directamente la sostenibilidad energética de Colombia.

Desde el gremio petrolero observamos con preocupación cómo esta parálisis impacta la inversión, que ha caído un 42 % en exploración y producción, según cifras de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). El reemplazo de reservas ha disminuido en un 65 %, dejando al país más expuesto a la incertidumbre de los mercados internacionales.

Si bien los logros de Ecopetrol en exploración deben reconocerse, especialmente con proyectos como Lorito, estos aún están en etapa temprana y no resolverán a corto plazo las necesidades energéticas nacionales.

Se requieren años para poner en marcha proyectos de explotación comercial, sobre todo si implican tecnologías para crudos pesados o zonas ambientalmente sensibles. La ausencia de nuevos contratos limita la base de operación futura, mientras el país continúa dependiendo de los ingresos del sector para financiar cerca del 20 % del presupuesto nacional.

La transición energética es necesaria, pero no puede convertirse en un salto al vacío. Apostarles exclusivamente a las energías renovables, sin asegurar un respaldo estable en hidrocarburos, pone en riesgo el abastecimiento, la competitividad industrial y el sostenimiento del gasto social.

El petróleo y el gas no son enemigos del progreso, sino recursos estratégicos para financiar justamente esa transición y garantizar la seguridad energética.

Como gremio del sector, expresamos nuestra profunda preocupación ante la ausencia de señales claras que permitan reactivar la firma de nuevos contratos de exploración bajo criterios modernos, responsables y socialmente sostenibles. Esta situación, de no corregirse, podría llevar al país a convertirse en importador neto de hidrocarburos antes del final de la década, deteriorando la balanza comercial, incrementando el precio de los combustibles y debilitando la capacidad fiscal del Estado.

Colombia no puede darse el lujo de prescindir de su principal fuente de ingresos mientras no cuenta con una alternativa suficientemente desarrollada. Requiere una política energética con visión de largo plazo, que combine transición, sostenibilidad y soberanía.

Debemos fortalecer el sector petrolero como pilar estratégico, apoyar la exploración responsable y consolidar un sistema energético mixto que garantice a todos los colombianos acceso confiable, asequible y limpio a la energía.

El futuro energético del país no se construye con ideología, sino con decisiones técnicas, equilibrio entre objetivos ambientales y económicos, y participación de todos los actores: comunidades, trabajadores, empresas, academia y Gobierno.

Es momento de corregir el rumbo y construir un consenso nacional que permita avanzar hacia una transición justa sin renunciar a los pilares de desarrollo que hoy sostienen a Colombia.

 

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