Gigantes en crisis: el derrumbe de las petroleras estatales latinoamericanas en 2025

Por PhD Mario Fernando Zamora Santacruz

En el año 2025, la industria petrolera de América Latina enfrenta una de sus etapas más desafiantes desde la creación de las compañías estatales.

Lo que alguna vez fue símbolo de soberanía energética, crecimiento económico y autosuficiencia fiscal, hoy se encuentra inmerso en un contexto de decadencia estructural, marcada por sobreendeudamiento, ineficiencia operativa, captura política y falta de adaptación a las nuevas realidades del mercado global de la energía.

Cinco de las principales petroleras estatales de la región –Pemex (México), PDVSA (Venezuela), Petroperú (Perú), Petroecuador (Ecuador) y Ecopetrol (Colombia)– se encuentran en estados críticos o de vulnerabilidad severa.

Esta editorial analiza el declive generalizado de estas empresas, identificando patrones comunes que las han llevado al borde de la inviabilidad.

Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue ocupando en 2025 el título de la empresa petrolera más endeudada del mundo, con pasivos que superan los 110.000 millones de dólares. A pesar del respaldo financiero del gobierno federal, sus indicadores productivos continúan en declive, con una extracción diaria inferior a los 1,7 millones de barriles por día (bpd), lejos de los más de 3 millones que produjo en décadas pasadas.

La refinería de Dos Bocas, inaugurada como insignia del gobierno de López Obrador, no ha alcanzado su capacidad plena ni ha contribuido a reducir la dependencia de combustibles importados.

En cambio, ha incrementado el gasto público sin retorno inmediato. El modelo de Pemex permanece atrapado entre subsidios al consumo interno, rigidez sindical y nula transparencia. La calificación crediticia de la empresa se mantiene en grado especulativo y su rentabilidad futura está altamente condicionada a un cambio de rumbo.

La situación de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) es la más dramática. En 2025, la producción de crudo se ha estabilizado en torno a los 700.000 bpd, una fracción de los 3,5 millones que alcanzó en sus mejores años.

Aunque Estados Unidos relajó algunas sanciones en 2023-2024, los beneficios han sido limitados. La corrupción endémica, el colapso de infraestructura, el éxodo de trabajadores calificados y la destrucción institucional impiden cualquier recuperación real.

Aliados como China e Irán han ofrecido capital limitado, pero bajo condiciones que comprometen la soberanía sobre los activos. El sistema de refinerías está casi inoperativo y las exportaciones dependen de intermediarios con opacidad contractual. PDVSA ha pasado de ser un pilar del financiamiento público venezolano a convertirse en un lastre para cualquier plan de reconstrucción nacional.

Petroperú atraviesa una de las peores crisis financieras de su historia reciente. La modernización de la refinería de Talara, que costó más de 6.000 millones de dólares, ha endeudado a la empresa a niveles que superan su capacidad operativa.

En 2024, la compañía perdió su calificación crediticia y requirió apoyo directo del Ministerio de Economía para evitar el default. Con una operación centrada en la refinación y transporte, y sin activos significativos de producción, Petroperú tiene un modelo desbalanceado.

Además, ha sido blanco constante de cuestionamientos por mala gestión y falta de gobernanza corporativa. Su futuro es incierto sin una reestructuración que incluya apertura al capital privado y una revisión profunda del rol estatal en el negocio.

En Ecuador, la fusión de Petroamazonas y Petroecuador no ha resuelto los problemas de fondo. En 2023, el referendo nacional que ordenó el cierre del bloque ITT en el Parque Nacional Yasuní obligó a frenar uno de los proyectos más importantes para el país.

En 2025, la producción ha caído por debajo de los 450.000 bpd y el impacto fiscal es significativo. La inestabilidad política, las protestas sociales en zonas petroleras, los escándalos ambientales y la falta de transparencia en los contratos han mermado la confianza del mercado.

A esto se suma el creciente debate sobre la transición energética y el rol del crudo en la matriz productiva del país. La sostenibilidad de Petroecuador está comprometida si no se reestructura su gobierno corporativo y se reorienta su estrategia productiva.

Ecopetrol, a diferencia de las anteriores, no está en quiebra ni ha perdido totalmente su capacidad operativa. Sin embargo, atraviesa en 2025 una de sus peores crisis reputacionales y estratégicas.

A los cuestionamientos por la negativa del gobierno a firmar nuevos contratos de exploración, se suma el escándalo de la pérdida de varios billones de pesos por decisiones administrativas fallidas. Además, la orden judicial que obligó a cambiar el nombre del pozo conocido como Uchuva‑2 por "Sirius" y del bloque Tayrona por "Gua‑Off‑0" ha sido interpretada como una intromisión ideológica en decisiones técnicas.

La caída del valor bursátil, el deterioro de la confianza inversionista y la politización de su agenda energética ponen en riesgo su sostenibilidad. Aunque había diversificado hacia gas, renovables e infraestructura, hoy su futuro es incierto y su gobernanza se percibe debilitada.

Las petroleras estatales de América Latina comparten un diagnóstico común: altos niveles de endeudamiento, captura política, falta de reformas estructurales y ausencia de una planificación técnica de largo plazo.

Mientras que algunas, como PDVSA y Petroperú, están cerca de un colapso irreversible, otras como Pemex y Ecopetrol aún podrían reencauzar su rumbo si se toman decisiones técnicas y despolitizadas.

La transición energética, lejos de ser un problema, podría ser una oportunidad. Pero para ello se requiere voluntad política, reformas profundas y apertura a esquemas mixtos de participación privada. La historia de estas empresas no está condenada, pero sin una transformación estructural urgente, el futuro será cada vez más incierto para los pilares energéticos de América Latina.

En este contexto, es fundamental recordar la importancia estratégica del petróleo. Más allá de su papel como fuente de energía, el crudo sigue siendo el motor económico de muchas regiones, fuente de ingresos fiscales, generador de empleo y base para la seguridad energética.

Aunque el mundo avance hacia fuentes limpias, el petróleo continuará siendo insustituible en múltiples sectores durante las próximas décadas. Por ello, abandonar su gestión técnica y responsable, o politizar su aprovechamiento, no solo es una mala estrategia energética, sino también un riesgo económico y social para toda América Latina.

 

Etiquetas