Minambiente propone crear una gran reserva en la Amazonia que prohibiría minería e hidrocarburos

Aunque la apuesta es celebrada por algunos y defendida por el Minambiente, ciertas organizaciones tienen dudas sobre su impacto real a la hora de proteger la región. Por un lado, la cartera plantea que uno de los propósitos de la reserva es “aportar al reconocimiento de la Amazonia como sujeto de derechos y a la necesidad de implementar medidas de protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado”.

Para Mateo Estrada, uno de los líderes del pueblo Siriano de Vaupés y asesor indígena de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), el proyecto del Minambiente materializa una de las apuestas del movimiento indígena: la de decirles “no” a la minería y a los hidrocarburos. “Considero que puede ser buena alternativa para la protección y conservación de la Amazonia”, comentó a este diario.Pero incluso si la normativa sale adelante, aún podría caerse. “En el mundo jurídico las cosas nunca están escritas sobre piedra”, dice Daniel Castro. El biólogo, abogado y profesor de la Universidad El Bosque explica que hay una posibilidad de que la resolución sea demandada ante el Consejo de Estado y quede suspendida. Además, “ad portas” de un cambio de gobierno, posiblemente con un proyecto político diferente, la iniciativa podría ser derogada.

Hasta hace unos días estuvo abierto a comentarios un proyecto de resolución del Ministerio de Ambiente con el que pretende declarar una Reserva de Recursos Naturales Renovables en toda la Amazonia colombiana. El objetivo es que en los 483.283 kilómetros cuadrados de esta región, que representan alrededor del 42 % del territorio continental de nuestro país, no se otorguen nuevas concesiones mineras ni se celebren nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.

“Esta medida es clara: buscamos restringir las actividades extractivas convencionales en departamentos como Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía y Vaupés”, comunicó la ministra de Ambiente (e), Irene Vélez. “Lo hacemos para evitar la pérdida y degradación de bosques; el acaparamiento hídrico y la contaminación de nuestros ríos”, agregó.

A ojos de Estrada, la propuesta de la cartera cuenta con un sustento técnico y científico, y afirmó que los dirigentes indígenas desean que se implemente la resolución, aunque con algunas precisiones. Una de sus peticiones es que los artículos sobre competencias ambientales de las autoridades indígenas, así como los mecanismos de coordinación con instituciones ambientales y de financiación para la conservación, sean exclusivos y diferenciales de las comunidades afrodescendientes y campesinas. “Los pueblos indígenas tenemos derechos especiales en materia de gobierno, salud, educación, ambiental y de catastro”, subraya.

El proceso será un desafío para el Minambiente, pues en la Amazonia colombiana habitan más de 50 pueblos indígenas, con quienes deberá adelantar una consulta previa antes de declarar la reserva. Según dijo el Ministerio a El Espectador, no existe un plazo legal definido para este proceso, de modo que su duración dependerá de los acuerdos que se alcancen con las autoridades étnicas, con las que ya está dialogando. “Nuestro objetivo es adelantarlo con plena garantía de los derechos colectivos de las comunidades y con la mayor celeridad posible”, aseguró la cartera.

Problemas de fondo

Sin embargo, para Alejandra Laina, gerente de recursos naturales del World Resources Institute (WRI) en Colombia, no está claro cómo la iniciativa se articula con la Sentencia 4360 de 2018, a través de la cual la Corte Suprema de Justicia reconoció a la Amazonia como sujeto de derechos.

Dicho fallo ordenó al Minambiente, así como al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), a gobernaciones, alcaldías y otras instituciones, frenar la deforestación y garantizar los servicios ecosistémicos de la región. También hizo un llamado a coordinar acciones con campesinos y comunidades indígenas y afrocolombianas.

A ojos de Laina, el proyecto de resolución se enfoca “en la minería y los hidrocarburos legales, mientras que los mayores desafíos ambientales y sociales están asociados a dinámicas ilegales aún no atendidas”. De manera similar opina la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP), para la cual, a la hora de conservar la Amazonia, el verdadero reto radica en enfrentar esas situaciones de ilegalidad que destruyen la región.

“La resolución prohíbe nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y minería como si fueran la principal amenaza del bioma, pero la realidad es otra”, afirma la ACGGP en un comunicado. “El deterioro de la Amazonia se explica en gran medida por la deforestación asociada a economías ilícitas, cultivos de uso ilícito, acaparamiento de tierras y extracción ilícita de minerales”, aseguró.

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Laina concuerda en que las estrategias para contener la deforestación no han abordado de manera integral ciertos factores ilegales, entre los cuales también menciona las vías no autorizadas y la ganadería extensiva y la praderización en áreas protegidas. También se pregunta cómo la resolución del Minambiente podría enfrentar las causas estructurales del problema, pues dice que la creación de una reserva definitiva no detiene, por sí misma, los procesos de deforestación, contaminación o violencia.

La cartera argumenta que para contener la deforestación ha propuesto e implementado otras medidas que se relacionan principalmente con la transformación territorial de los pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas para “revitalizar” las funciones ecológicas, culturales y productivas en la Amazonia. Subraya, además, que a través de su Plan Integral de Contención de la Deforestación ha buscado generar dichas transformaciones, especialmente en los lugares del país que concentran las mayores tasas de deforestación, “de tal forma que se inicie un proceso de transición económica hacia la consolidación de comunidades forestales, biodiversas y sostenibles”.

El Ministerio menciona que en zonas como las de Caquetá, Guaviare, sur del Meta y Putumayo, departamentos que componen el denominado arco de deforestación, prevalecen condiciones de marginalización y brechas económicas y sociales, así como una ausencia por parte del Estado. También reconoce que allí hacen presencia redes de crimen organizado y economías ilícitas que no solo afectan la naturaleza, sino que también “instrumentalizan” a las comunidades, perpetuando el conflicto y las desigualdades.

No obstante, ni en el borrador de resolución ni en las respuestas que el Ministerio dio a El Espectador se plantea cómo la reserva podría sumarse como una estrategia concreta para abordar, por ejemplo, la influencia de los actores armados en torno al deterioro ambiental de la Amazonia. Tampoco se hace alusión a medidas articuladas con actores claves, como el Ministerio de Defensa.

Menos hidrocarburos

Una Amazonia en la que no haya explotación de hidrocarburos es una idea que han promovido otros grupos, desde diferentes orillas. Por ejemplo, a finales de agosto de este año congresistas de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Canadá reiteraron, en medio de la Cumbre Amazónica que se realizaba en Bogotá, una solicitud que venían barajando: que en esa región no se explote más petróleo. Comité Parlamentario Global por una Amazonia libre de combustibles fósiles, es como llamaron a ese grupo que también estará en la COP30.

Así como hay quienes la respaldan, otras posturas piden tener un poco de precaución a la hora de tomar una decisión de ese tipo. Juliana Peña Niño, gerente para Colombia del Natural Resource Governance Institute (NRGI), es una de ellas. Concuerda con la ACGGP en que es importante analizar con detenimiento las posibles estrategias de conservación en aquellos lugares de la región donde hay bloques petroleros y contratos vigentes, y cuyas comunidades podrían estar vinculadas a esta actividad. La asociación plantea que se debe reconocer la realidad productiva de las regiones, además de los impactos económicos y sociales que implicaría una prohibición total.

Ambas organizaciones señalan, además, que la actividad petrolera ya está disminuyendo no solo en la Amazonia, sino en todo el país. La propuesta del ministerio, afirma Peña, “carece de una justificación económica robusta que acompañe la decisión de prohibir nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos”.

Desde el NRGI han documentado lo que describen como el declive estructural de dicha producción en Colombia. Mientras que entre 2017 y 2023, la producción nacional se mantuvo cerca de los 800.000 barriles por día (bpd), el instituto apunta que las proyecciones para 2030 son que caiga a 560.000 bpd, es decir, un 27 % menos que en 2024. Del mismo modo, la ACGGP recuerda que la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha ido retirando la oferta de bloques exploratorios en la Amazonia colombiana durante los últimos 15 a 10 años.

Además, la asociación subraya que solo algunos de los departamentos amazónicos tienen potencial de hidrocarburos, entre ellos Putumayo, donde la actividad de extracción también ha disminuido. Allí, en el principal departamento productor de la región, entre 2015 y 2024 se pasaron de generar 46.000 bpd a 24.200 bpd. Peña anota que el año pasado Putumayo aportó el 3 % de la producción nacional, ocupando el sexto lugar del país. Se prevé que para 2035 estaría produciendo 8.000 bpd.

Un futuro incierto

El borrador de resolución del Ministerio es claro en que tanto los proyectos de minería como los de exploración y explotación de hidrocarburos vigentes podrían seguir ejecutándose hasta su terminación, pero sin derecho a prórroga. Es decir, las actividades extractivas en curso continuarían hasta la fecha que se haya establecido en un principio. La cartera define, además, que el plan de cierre de los proyectos y, en el caso de hidrocarburos, también de desmantelamiento y abandono, “deberá realizarse de acuerdo con lo establecido por la autoridad ambiental competente”.

Al respecto, Peña, del NRGI, hace una anotación: “Nuestra experiencia ha evidenciado que los planes de cierre actuales de este tipo de proyectos, en muchos casos, se reducen a documentos superficiales y sin detalle técnico, lo que deja abierta la posibilidad de pasivos ambientales, activos varados y reparaciones incompletas. En contextos de transición y salida del petróleo, el cierre responsable de operaciones extractivas debe ser un eje central, no un requisito formal”.

En otras palabras, no se trata solo de ordenar el fin de la actividad extractiva, sino de garantizar que ese proceso de cierre se haga con responsabilidad ambiental, social y económica. Implica, por ejemplo, planificar qué pasará con la infraestructura y las comunidades que dependían de esa actividad.

En todo caso, el ministerio todavía debe recorrer un largo camino para que su apuesta pueda hacerse realidad. La cartera cuenta a este diario que el borrador sometido a consulta pública es apenas “el punto de partida para el proceso de participación y consulta con la ciudadanía, con los pueblos étnicos que custodian el territorio, y con los demás actores públicos y privados concernidos en las medidas que se pretenden adoptar”.

Al respecto, el Minambiente dijo a este diario que la protección de la Amazonia no puede ser un asunto político ni del gobierno de turno. Su propuesta, afirma la cartera, “está fundamentada en un análisis objetivo, basado en la evidencia científica sobre los riesgos de la ampliación de actividades extractivas respecto de las amenazas y la vulnerabilidad de la Amazonia, como un ecosistema de importancia nodal para el abastecimiento de agua, la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático, no sólo en Colombia, sino a nivel regional y mundial”.

Por ahora, el Minambiente sigue avanzando en la consolidación de acuerdos con las comunidades. El pasado 14 de octubre, por ejemplo, el coordinador general de la OPIAC, Oswaldo Muca, y el senador y representante indígena del departamento de Vaupés, Julio César Estrada, se reunieron con la ministra Vélez para discutir puntos claves de la propuesta.

Para Peña, del NRGI, “la intención de la propuesta es loable. No obstante, su viabilidad y sostenibilidad dependen de acompañarla con una política pública sólida, multisectorial y de largo plazo, respaldada por un consenso amplio”.