Gobierno de Petro ordena inspección a EPM tras embargo de cuentas por deuda de subsidios

El Ministerio de Minas y Energía ha solicitado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantar una inspección en Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales. Esta decisión surge luego de que un juez de Bogotá ordenara el embargo de cuentas del Gobierno Nacional debido a deudas que el Ministerio de Minas y Energía mantiene con el Grupo EPM por concepto de subsidios en servicios públicos.

El fallo, emitido por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá el 4 de marzo, establece una medida cautelar que limita el embargo a una suma de $83.309 millones. Esta deuda corresponde a pagos pendientes con Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS), una de las filiales de EPM, por al menos $46.912 millones. De esta cantidad, $41.654 millones se deben a saldos pendientes de obligaciones reconocidas en varias resoluciones ministeriales, mientras que $5.258 millones corresponden a intereses moratorios.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la decisión judicial, afirmando que tuvieron que recurrir a vías legales tras no obtener respuesta del Gobierno Nacional. “La Justicia nos da la razón. Hoy ordena embargar las cuentas del Gobierno por deudas con EPM y sus filiales. Hemos intentado por muchos medios abrir canales de diálogo, pero nunca obtuvimos respuesta”, declaró. Gutiérrez advirtió además que existen otras deudas pendientes con empresas del Grupo EPM, incluidas Afinia y otras filiales, por el no pago de subsidios.

Ante la decisión del juez, el presidente Gustavo Petro rechazó la medida y ordenó tomar acciones. Durante un Consejo de Ministros televisado, Petro aseguró que esta medida es una “maniobra política y electoral”. En respuesta inmediata, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos que realice una inspección en EPM.

Palma aseguró que las cuentas de la Nación son inembargables, argumento que servirá como base para impugnar la decisión judicial. Además, afirmó que las filiales de EPM ya han recibido el 85% de los pagos pendientes, pero que, a pesar de ello, la empresa ha hecho política con el tema.

“El alcalde de Medellín está usando una decisión judicial para hacer política, violando las normas del gobierno corporativo de EPM. Se trata de una maniobra con fines electorales. A pesar de las deudas heredadas del gobierno anterior y del déficit fiscal actual, hemos cumplido con el 85% de los pagos”, afirmó el ministro Palma.

Palma también acusó a EPM de presionar las tarifas de energía al alza, perjudicando a los usuarios de la costa Caribe. Señaló que, durante su paso por la empresa Air-e, EPM no mostró generosidad con los usuarios de esa compañía, a pesar de contar con excedentes de energía.

En su carta formal a la Superintendencia, el Ministerio de Minas y Energía solicitó verificar el cumplimiento del marco normativo y contractual de EPM, así como garantizar la correcta prestación de los servicios públicos. De encontrarse irregularidades, la Superintendencia deberá tomar las medidas correctivas necesarias.

Con esta decisión, la disputa entre el Gobierno Nacional y EPM toma un nuevo rumbo, con la posibilidad de una intervención directa del Estado en la empresa de servicios públicos más grande del país.

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