Alarma en el sector energético: Producción de petróleo y gas en Colombia toca mínimos históricos

Por PhD Mario Fernando Zamora Santacruz

Durante el primer trimestre de 2025, el sector de hidrocarburos en Colombia ha evidenciado una preocupante contracción tanto en la producción de petróleo como de gas natural, lo cual refleja no solo una coyuntura crítica, sino también la necesidad urgente de revisar la política energética nacional.

Según datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Campetrol, la producción promedio de petróleo fue de 757.800 barriles por día (bpd), una reducción del 2,1% en comparación con el mismo periodo de 2024. El gas, por su parte, mostró una disminución aún más drástica: 821,6 millones de pies cúbicos por día (Mpcd), representando una caída del 17,5%.

En marzo de 2025, la situación se agravó con una producción fiscalizada de petróleo de 747,9 mil bpd, la cifra más baja desde mayo de 2022. Esta reducción del 4,1% frente a marzo de 2024 y del 1,0% respecto a febrero de 2025 se ha atribuido, entre otras razones, a afectaciones de terceros en la infraestructura energética.

La suspensión temporal del Oleoducto Bicentenario desde el 19 de marzo, informada por Ecopetrol, tuvo un impacto directo en la producción del departamento de Arauca, que cayó un 10,5% mensual, afectando significativamente a campos como Rex Ne y Caño Limón.

Este tipo de incidentes no solo afectan la producción, sino que ponen en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura energética nacional. En el primer trimestre de 2025, se registraron 12 eventos de afectación a la infraestructura, comparados con apenas dos en el mismo periodo del año anterior. La tendencia al alza en sabotajes y ataques deja claro que la seguridad energética se está viendo comprometida por factores de orden público.

En cuanto al gas, la producción comercializada en marzo se ubicó en 821,0 Mpcd, una caída del 17,9% interanual y del 0,4% mensual. Esta tendencia, que se refleja a lo largo del trimestre, representa un serio reto para la cobertura energética del país, particularmente en regiones que dependen del gas natural para actividades industriales y domiciliarias.

Adicionalmente, el sector de taladros activos también refleja una dinámica estancada. En abril de 2025 se reportaron 111 equipos activos —30 de perforación y 81 de reacondicionamiento— con leves variaciones respecto a los meses y años anteriores. Aunque esta cifra muestra estabilidad, también evidencia una falta de crecimiento significativo, lo cual puede ser una señal de cautela o incertidumbre por parte de los operadores.

A nivel macroeconómico, la contracción del sector de hidrocarburos se hace evidente en las cifras del DANE. Mientras la economía colombiana creció un 2,7% en el primer trimestre del año, el sector de minas y canteras presentó una caída del 5%. Dentro de este, la extracción de petróleo crudo y gas natural disminuyó un 3,7%, y la refinación tuvo una caída alarmante del 9,7%. En conjunto, el PIB sectorial se redujo en un 5% frente al primer trimestre de 2024.

Este panorama se complementa con una baja en las exportaciones de hidrocarburos. Entre enero y marzo de 2025 se exportaron $3.350 millones de dólares, un 5,4% menos que en el mismo periodo del año anterior. Esta disminución no solo afecta los ingresos fiscales, sino también la balanza comercial del país.

El contexto internacional tampoco favorece al sector. La transición energética global, la presión por reducir emisiones y la volatilidad de los precios internacionales generan un entorno incierto para la inversión. Colombia, en su papel de productor mediano, necesita definir una estrategia clara para equilibrar su política energética entre sostenibilidad, seguridad y rentabilidad.

Resulta urgente que el gobierno, en alianza con el sector privado, fortalezca las capacidades de protección a la infraestructura, incentive la inversión en exploración y desarrollo, y mejore la eficiencia operativa del sector. Así mismo, se requiere de una revisión profunda de los mecanismos regulatorios que hoy podrían estar desincentivando nuevas inversiones.

La coyuntura actual no debe ser leída únicamente como una crisis, sino también como una oportunidad para replantear el futuro energético del país. Con recursos aún abundantes, experiencia acumulada y capacidades técnicas de nivel internacional, Colombia puede encontrar una ruta para consolidar una industria energética moderna, segura y competitiva.

El sector de hidrocarburos en Colombia siempre ha sido uno de los pilares fundamentales de la economía nacional, no solo por su contribución directa al Producto Interno Bruto (PIB), sino también por su rol en las exportaciones y en la generación de empleo en regiones apartadas. La reciente disminución sostenida en la producción de crudo y gas no solo pone en jaque las metas fiscales del país, sino que genera un efecto dominó en toda la cadena de valor del sector energético.

Uno de los elementos que más preocupa es la caída en la producción de gas natural. El gas ha venido cobrando una importancia creciente como fuente de transición energética, sirviendo como reemplazo de otros combustibles. La reducción del 17,5% en el primer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior es un dato que debe encender las alarmas, pues afecta directamente la seguridad energética nacional y el cumplimiento de las metas de sostenibilidad que Colombia se ha trazado en sus compromisos internacionales.

En cuanto a la situación de orden público, el aumento exponencial en los eventos de afectación a la infraestructura —de dos eventos en el primer trimestre de 2024 a doce en el mismo periodo de 2025— demuestra una pérdida de control territorial en ciertas zonas del país. Esta situación tiene implicaciones económicas graves, pero también sociales y políticas. Cada ataque o sabotaje no solo interrumpe la producción, sino que también genera riesgos ambientales, pérdidas millonarias y un clima de desconfianza para la inversión.

Desde una perspectiva regional, departamentos como Arauca, Meta y Casanare se ven particularmente golpeados. Estas zonas dependen en gran medida de la industria petrolera para su desarrollo económico y social. La suspensión del Oleoducto Bicentenario afectó de manera directa los campos Rex NE y Caño Limón, y pone en evidencia la fragilidad de la cadena logística energética en Colombia.

Las cifras de taladros también deben interpretarse con atención. Aunque en el agregado se reportan 111 equipos activos, el hecho de que solo 30 de ellos estén dedicados a perforación revela una posible desaceleración en la exploración de nuevos pozos. Esto podría derivar en una menor producción futura si no se toman medidas inmediatas para incentivar la perforación y exploración.

Desde el punto de vista de las exportaciones, la reducción del 5,4% en los ingresos por ventas al exterior durante el primer trimestre de 2025 tiene un doble impacto. Por un lado, afecta el ingreso de divisas y presiona el déficit de cuenta corriente; por otro, limita la capacidad del gobierno de financiar programas sociales y proyectos de infraestructura, especialmente en un contexto de crecimiento económico moderado.

En este contexto, es vital entender que la transición energética no debe plantearse como una sustitución abrupta del petróleo y gas, sino como una diversificación ordenada y sostenible. La inversión en energías renovables debe avanzar en paralelo con una política seria de sostenimiento y eficiencia del sector hidrocarburos, que seguirá siendo una fuente principal de ingresos por muchos años más.

La política pública debe asumir un papel protagónico en este nuevo panorama. Colombia necesita un marco regulatorio más ágil, estable y atractivo para los inversionistas. Asimismo, resulta fundamental mejorar la articulación interinstitucional entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Minas y Energía, y las autoridades locales, para garantizar condiciones seguras y sostenibles de operación.

También es imperativo fortalecer la presencia del Estado en las regiones productoras, no solo con fuerza pública, sino también con inversión social. Una mayor legitimidad institucional en estas zonas puede ayudar a mitigar los conflictos sociales y reducir los ataques a la infraestructura energética.

En conclusión, la reducción en la producción de petróleo y gas durante el primer trimestre de 2025 es un llamado de atención a todos los actores del sector. No se trata de una crisis aislada, sino de un síntoma estructural que requiere atención inmediata, coordinación interinstitucional y una visión estratégica de largo plazo. La seguridad energética del país, su desarrollo económico y su inserción en el mercado internacional dependen de que se tomen decisiones firmes, coherentes y bien fundamentadas.

 

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