Los aranceles y la caída del precio del petróleo: una amenaza para el sector petrolero y la economía colombiana

Por: PhD Mario Fernando Zamora Santacruz

Colombia atraviesa un momento de especial complejidad para su economía. La combinación de dos fenómenos globales está generando un impacto directo y profundo en el sector petrolero nacional y, por ende, en la estabilidad macroeconómica del país: los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos y la sostenida caída del precio internacional del petróleo.

El petróleo representa una parte sustancial de la economía colombiana. Según el DANE, alrededor del 30% de las exportaciones del país provienen de hidrocarburos, y aproximadamente el 10% de los ingresos del gobierno nacional dependen directamente de esta industria. A esto se suma el papel que juega en la generación de empleo y en el financiamiento de las regalías que reciben las regiones productoras.

En este contexto, cualquier variación en el precio del crudo o en las condiciones de acceso a mercados internacionales, como Estados Unidos, tiene efectos en cadena. La editorial que hoy presenta Oil Channel analiza a profundidad estos dos factores críticos y su impacto en el presente y futuro del sector petrolero colombiano.

Durante el primer trimestre de 2025, el precio del barril de Brent, referencia internacional utilizada por Colombia, cayó por debajo de los USD 80, llegando incluso a bordear los USD 72 en momentos de mayor presión bajista.

Esta situación ha sido impulsada por un conjunto de factores globales: el temor a una desaceleración económica en China, el crecimiento sostenido de la producción de shale oil en Estados Unidos, y la aparición de petróleo ruso en mercados asiáticos a precios bajos, desafiando las sanciones internacionales.

Colombia, altamente dependiente de la renta petrolera, ve amenazada su estabilidad fiscal con cada dólar que pierde el crudo. El Ministerio de Hacienda ha estimado que por cada dólar que cae el precio del barril, el país pierde entre 14 y 16 millones de dólares mensuales en exportaciones. Esta caída tiene efectos directos en el presupuesto nacional, las inversiones públicas y la capacidad del Estado para sostener programas sociales y proyectos estratégicos.

A nivel regional, la caída de precios también implica una disminución en las regalías que reciben los departamentos productores. Municipios como Puerto Gaitán, Barrancabermeja y Aguazul han visto reducidas sus fuentes de financiamiento, afectando proyectos de infraestructura, educación y salud.

El segundo golpe proviene del frente comercial. La decisión del gobierno de Estados Unidos, liderado nuevamente por Donald Trump, de imponer aranceles del 10% a las importaciones globales, ha generado alerta en todos los países exportadores hacia ese mercado, incluida Colombia. Aunque productos clave como el petróleo y el oro han sido eximidos temporalmente de esta medida, el impacto indirecto es innegable.

Otros productos no tradicionales colombianos, por un valor aproximado de 1000 millones de dólares, sí se verán afectados. Esto genera un debilitamiento en la balanza comercial, reduce la competitividad y pone en riesgo la diversificación productiva del país. Además, la volatilidad en la relación comercial con Estados Unidos podría desincentivar la inversión extranjera directa, incluso en el sector petrolero.

La incertidumbre sobre futuros aranceles aplicables a los hidrocarburos también actúa como un factor de riesgo. Aunque actualmente el petróleo colombiano entra a EE. UU. sin tributos, cualquier cambio en esa condición podría restar competitividad frente a otros productores internacionales. Las declaraciones del presidente Petro, calificando los aranceles como "un gran error estratégico", subrayan la gravedad del escenario.

El impacto de estos dos factores se refleja con claridad en la caída de la inversión extranjera directa (IED) en el sector de hidrocarburos. Durante el primer semestre de 2024, la IED en petróleo cayó un 30,3%, lo que representa una pérdida de más de USD 500 millones. La disminución en la actividad exploratoria y en el número de taladros activos es una consecuencia directa de la incertidumbre en los precios y las reglas de juego.

Esto se traduce, a su vez, en una preocupante pérdida de empleos. Desde noviembre de 2022 se han destruido aproximadamente 24.700 empleos directos e indirectos asociados al sector petrolero, según cifras de la ACP. La caída en la actividad económica golpea con especial fuerza a las regiones petroleras, generando un efecto dominó que afecta comercios, servicios y la estabilidad social.

En términos de producción, los datos también son alarmantes. La producción diaria de petróleo en Colombia ha oscilado entre 770.000 y 780.000 barriles durante 2024, lejos del potencial productivo del país. Esta falta de dinamismo productivo compromete la autosuficiencia energética y limita las oportunidades de crecimiento del sector.

Ante este escenario, Colombia debe actuar con firmeza y visión estratégica. En primer lugar, es indispensable proteger la competitividad del sector petrolero. Esto implica revisar posibles ajustes tributarios que no perjudiquen la rentabilidad de las operaciones y garantizar estabilidad regulatoria para atraer inversión.

En segundo lugar, el gobierno debe diversificar sus destinos de exportación para reducir la dependencia del mercado estadounidense, buscando oportunidades en Asia, Europa y otros mercados emergentes. Asimismo, fortalecer la diplomacia económica se vuelve esencial para evitar afectaciones comerciales futuras.

En tercer lugar, es necesario reactivar la exploración y producción con incentivos en las actividades de upstream, lo cual permitirá aumentar las reservas, mejorar la seguridad energética y generar empleo. Finalmente, se debe acelerar la transición energética, pero de manera realista y acompasada, aprovechando los recursos petroleros como palanca para financiar dicha transición.

Colombia enfrenta un momento crítico para su economía, marcado por la caída sostenida de los precios del petróleo y la incertidumbre generada por los nuevos aranceles internacionales.

En este contexto, es urgente que el país actúe con visión estratégica: proteger la competitividad del sector, diversificar mercados de exportación, incentivar la inversión en exploración y producción, y avanzar hacia una transición energética realista y ordenada. No se trata solo de salvaguardar una industria, sino de asegurar la estabilidad fiscal y el empleo, entre otros.

 

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